La renuncia de Alfredo Rendón, hace un par de semanas, a la Dirección General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), fue recibida con pesar por el gremio de especialistas en la propiedad intelectual.
Rendón ocupó la Dirección Adjunta del Instituto desde el año 2002 y apenas en julio de 2021 ascendió a la Dirección General. Pocas personas conocen el entramado legal y político que rodea al IMPI como Alfredo Rendón, su salida a estas alturas del sexenio es una sorpresa inquietante para los titulares de derechos de propiedad industrial.
Ante el vacío, la pregunta natural es: ¿quién encabezará ahora al IMPI?
En los últimos días ha cobrado fuerza la versión de que el nuevo director, o la nueva “persona titular”, siguiendo el lenguaje incluyente que utiliza nuestra ley, será el maestro José Sánchez Pérez, director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).
Sánchez Pérez nació en el estado de Tabasco, es economista por la UNAM y estudió una maestría en ciencias en la Universidad de Utah, tiene una larga carrera en el servicio público, donde destacan sus posiciones en la Administración de Servicios Urbanos de la Ciudad de México, bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador y en la Gerencia Corporativa de Relaciones Laborales de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Seguimos en espera del anuncio oficial, pero una cosa es segura: la Dirección General del IMPI es un reto abrumador para cualquiera, especialmente si no cuenta con experiencia específica en el sector. La tarea del Instituto no suele ser motivo de encabezados o discusiones en las “mañaneras”, pero a nivel internacional es un tema de importancia mayúscula.
La propiedad intelectual es un área estratégica que nuestros principales socios comerciales vigilan de cerca. Todos los tratados de libre comercio que hemos firmado con Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón, incluyen capítulos que nos obligan a mantener estándares mínimos de protección.
Cada año, México es revisado por organismos internacionales para medir la evolución de su sistema de propiedad intelectual, los inversionistas buscan colocar sus capitales en territorios donde las marcas, patentes y derechos de autor son respetados.
Nuestro país tiene mucho qué perder si no le damos prioridad a esta materia, por mencionar un ejemplo, la exclusividad sobre las denominaciones Tequila y Mezcal depende de los tratados comerciales que hemos firmado con otros países, si fallamos en nuestros compromisos acordados, podemos esperar una retaliación que pondría en peligro a estas industrias.
No me parece negativo que el nuevo director del IMPI sea cercano al presidente de la República. El Instituto es un organismo público con gran reconocimiento internacional que está esperando su oportunidad para crecer en eficiencia y capacidad, este cambio podría ayudar a que sus plazas y recursos se liberen de las restricciones que no le permiten seguir avanzando.
POST SCRIPTUM. Parece que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está convencida del proyecto que presentó la ministra Yasmín Esquivel sobre la constitucionalidad de la norma NOM-051 que regula el etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas. Los ministros han pospuesto en dos ocasiones la votación del amparo de la empresa que fabrica el refresco Jarritos, todo indica que el caso se resolverá hasta 2023.