Adjudicación de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos

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El próximo 15 de julio culminará el proceso de licitación de la primera convocatoria de la Ronda Uno, que comprende 14 áreas de exploración en aguas someras del Golfo de México. Este procedimiento constituye un paso fundamental en la instrumentación de la reforma energética, ya que será la primera ocasión en varias décadas que el Estado lleve a cabo la adjudicación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos a empresas distintas de Pemex.

En ese contexto, cabe recordar que la reforma energética busca complementar la actividad de Pemex a través de contratos que permitan compartir los costos y riesgos de desarrollar los recursos petroleros de nuestro país, pero siempre asegurando que el Estado mexicano mantenga la rectoría de las actividades y reciba la renta petrolera.

Los ingresos que reciba el Estado mexicano asociado a los contratos dependerán de dos factores: la utilidad que se perciba por cada barril producido, y el número de barriles que se produzcan. Por ello, se estableció una fórmula transparente que pondera la oferta de cada licitante en cuanto a dos variables.

La primera variable es el porcentaje que el Estado mexicano estará recibiendo de la utilidad operativa que se observe en el proyecto. En otras palabras, cuánto es lo que estará recibiendo el Estado una vez que se hayan descontado los costos de extracción por cada barril producido. En la fórmula, esta variable tiene una ponderación de 90 por ciento, privilegiando la capacidad del Estado para capturar eficientemente la renta petrolera, ya que la competencia de mercado generada en el proceso de licitación garantiza que el ganador sea el que ofrezca al Estado una mayor proporción de los ingresos derivados del contrato.

La segunda variable que se incluye en la fórmula es el monto de inversión adicional destinado a la exploración que ofrezca el licitante por arriba de un nivel mínimo preestablecido por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ello busca incentivar mayor actividad de exploración, lo que a su vez redituará en una mayor velocidad en el desarrollo de los proyectos y por ende que la producción ocurra en la mayor magnitud y menor tiempo posibles.

Cabe notar que además del porcentaje de la utilidad para el Estado que resulte de la licitación, también se estarán percibiendo recursos vinculados a otras contribuciones. Primero, el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales percibirán pagos por cada kilómetro cuadrado del área a explorar por el contratista. Estos pagos permiten que se reciban recursos de inmediato, y generan incentivos para que no se acaparen zonas. Segundo, se incluye el pago de una regalía, mediante la cual el Estado recibirá una proporción del valor de los hidrocarburos producidos, con lo cual se garantiza que el Estado reciba recursos desde el primer momento en que inicie la producción. Tercero, los contratistas estarán pagando el Impuesto sobre la Renta. Una vez que se conozcan los resultados de la licitación, será necesario considerar todos estos elementos para estimar la totalidad de los recursos que el Estado estará recibiendo de cada proyecto.

Cada contrato incluye además un mecanismo de ajuste a los pagos del contratista, generando un régimen altamente progresivo a favor del Estado. El mecanismo de ajuste asegura que el Estado se quede con una mayor proporción de recursos cuando la rentabilidad del proyecto aumente, ya sea por incrementos en los precios de los hidrocarburos o porque se trate de yacimientos más grandes de lo esperado.

En el evento del próximo 15 de julio, los participantes en la licitación presentarán un sobre cerrado con su propuesta para las dos variables de adjudicación para cada una de las 14 áreas contractuales. Las dos variables se incluirán en la fórmula mencionada, y el ganador será aquel licitante que obtenga la puntuación más alta. Este mecanismo de adjudicación es sencillo y transparente ya que los resultados son evaluados al momento y contempla criterios completamente objetivos y medibles. Con ello, se fomenta la competencia y se garantiza que el ganador sea aquel licitante que ofrezca las mejores condiciones al Estado.

Este mecanismo, conocido como subasta a primer precio en sobre cerrado, establece reglas claras de asignación conocidas por todos los participantes. Adicionalmente, dado que todos los participantes presentarán de forma simultánea sus propuestas, se reduce la posibilidad de colusión, con lo que se promueve que cada licitante realice su mejor oferta para las áreas que le resulten atractivas.

Uno de los ejes rectores en el diseño del esquema aplicable a los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos ha sido el generar un ambiente de competencia y certidumbre, con plena transparencia y reglas claras para todos los participantes. En este sentido, la primera convocatoria de la Ronda Uno ha sido un ejercicio sin precedentes.

Con la selección de las variables y mecanismo de adjudicación establecido, se determinan a los ganadores de forma incontrovertible, al mismo tiempo que se garantiza que el Estado reciba las mejores condiciones en beneficio de todos los mexicanos.

El autor es subsecretario de Ingresos, SHCP.

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