Mexicanos Primero

Los desafíos ignorados del ciclo escolar 2023-2024

Este ciclo escolar no solo representa un desafío para la recuperación de aprendizajes, sino también un abandono crítico de las condiciones de infraestructura educativa.

Patricia Vázquez del Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero

A más de un mes de haber iniciado el ciclo escolar 2023-2024, México enfrenta una serie de obstáculos y retos que ponen en grave riesgo el derecho a la educación de sus estudiantes. La inseguridad, los conflictos magisteriales, el desabasto de agua, los problemas de infraestructura y las secuelas olvidadas de los sismos son algunos de los principales factores que amenazan el aprendizaje en varias regiones del país.

La inseguridad no es un problema nuevo, pero su creciente visibilidad es alarmante. En Chiapas, municipios de la Sierra Madre han suspendido clases debido a la situación de peligro que los envuelve. En Guerrero, la región Tierra Caliente ha visto 25 escuelas sin clases presenciales debido a problemas de seguridad, relegando a los estudiantes a clases virtuales. En Taxco, la falta de docentes en las escuelas básicas es un problema crónico, forzando a familias a abandonar la educación en busca de seguridad.

Zacatecas también se hunde en una crisis de inseguridad, que ha llevado al cierre de escuelas desde el inicio del ciclo escolar. Los enfrentamientos armados han aterrorizado a estudiantes, robos de vehículos y asaltos en las rutas hacia las escuelas han agravado aún más la situación. En Tabasco, un reciente enfrentamiento obligó al cierre de planteles de educación básica, convirtiendo a los estudiantes en testigos de la violencia y generando un ambiente de temor.

Los conflictos magisteriales, tampoco han estado ausentes en estas pocas semanas que lleva el ciclo escolar 2023-2024, tal es el caso de Tamaulipas, que enfrentó dos semanas de manifestaciones de la Sección 30 del SNTE para resolver conflictos laborales a nivel colectivo e individual, lo que llevó al paro de clases en todo el estado. A pesar de que las manifestaciones han terminado y se anunció la implementación de un programa para recuperar las clases perdidas, las y los estudiantes no han podido ejercer a cabalidad su derecho a la educación.

En Monterrey, el desabasto de agua afecta a primarias y secundarias públicas, obligando a adelantar la hora de salida o dejar en manos de las familias la decisión de enviar a sus hijos a la escuela. En Sinaloa, la ruptura de una tubería en Culiacán dejó a 103 escuelas sin agua potable, forzando la suspensión de clases durante varios días.

Baja California requiere miles de sistemas de aire acondicionado para enfrentar el calor, pero la falta de recursos impide la adecuada climatización de las aulas. En Chihuahua, el uso de aire acondicionado ha sido prohibido por problemas presupuestales, creando condiciones inaceptables para el aprendizaje.

Seis años después de los sismos de 2017, la evaluación de escuelas para conocer la magnitud de los daños continúa. Para el primer semestre de 2023, no se autorizaron recursos en el componente educativo del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), dejando a escuelas en estado deplorable sin solución a la vista.

Este ciclo escolar no solo representa un desafío para la recuperación de aprendizajes, sino también un abandono crítico de las condiciones de infraestructura educativa. Las inversiones en educación carecen de evidencia sobre sus beneficios en las oportunidades de los estudiantes mexicanos para estar, aprender y participar en la escuela. Urge una agenda educativa que vea más allá de las transferencias y prioridades políticas, garantizando una escuela segura y digna como un derecho inalienable para las generaciones presentes y futuras.

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