Como preludio y eco de la revisión del TMEC, nuestro país reinició operativos de combate a la piratería en las principales plazas del país. Lo que por más de 6 años se mantuvo en pausa, a la llegada de Santiago Nieto al IMPI en enero de 2025 -continuado por el actual director general Vidal Llerenas -, se reactivo de manera notable en todos los sectores en los que la falsificación de productos es persistente. De hecho, el número de artículos asegurados en estos casi dos años de actividad, supera periodos previos de épocas en las que se asumía que los programas oficiales actuaban decididamente en contra de este tipo de conductas.
Una nota especialmente positiva de esta etapa es la eficiente coordinación entre diversas instancias oficiales que participan en este frente, desde el liderazgo del IMPI con apoyo técnico de la Fiscalía General y logístico de la Marina. Este es un factor decisivo en alcanzar resultados, porque no solo se trata de estas autoridades; otras, como el SAT, Cofepris, Aduanas, Profeco y Sedena tienen también roles protagónicos en esta película, dependiendo del tipo de operativo que se ejecuta.
Hasta aquí todo bien. Sin embargo, lo que sigue en un plan de ataque real y frontal contra la piratería, demanda desplegar esfuerzos en instancias que nunca en la historia de nuestro país han sido alcanzadas. La detección y decomiso -incluyendo la destrucción-, de productos falsificados, es solo el eslabón visible de una larga cadena que, muchas veces, se inicia desde el extranjero o involucra células internas de crimen organizado que por definición actúan de forma encubierta. Pero las “tripas” de este negocio tienen partes menos visibles que, si no son atacadas, logran replicar la cadena para alcanzar al consumidor nuevamente.
Estamos hablando de tres vertientes en particular. La primera es la financiera, la cual requiere de un trabajo quirúrgico de amplia colaboración para detectar los flujos de dinero que permiten, por una parte, financiar las actividades desde la manufactura, la distribución y el personal que opera, y por la otra, los movimientos de dinero con las ganancias producidas por las voluminosas ventas de productos apócrifos. Han pasado décadas sin que se reporte el bloqueo de cuentas bancarias asociadas a actividades de piratería, y menos aún colaboración internacional con este propósito.
En segunda instancia, debe lograrse -aquí si para fines ejemplificativos-, la aplicación de penas de prisión a responsables de este tipo de delitos. De poco sirve que la ley prevea drásticas sanciones privativas de la libertad, si no hay una sola persona involucrada en la comisión de estos ilícitos con una sentencia condenatoria. Todos sabemos que, para evitar estos riesgos, los grupos criminales ponen a personas en situación vulnerable al frente de bodegas, transportación y ventas, manteniendo invisibles a las cabezas. El segundo escalón debe, precisamente, ponerlos a la vista y procesarlos. Finalmente, la tercera vertiente es la indispensable puesta a punto de las Administración Nacional de las Aduanas de México para afinar sus sistemas de detección de falsificaciones. La oportunidad de que, una autoridad fiscalizadora tenga a la vista el cargamento completo de bienes ilegales y los deje pasar, es inadmisible en un programa integral de combate a la piratería.
Son múltiples los efectos adversos de estas conductas de competencia desleal. Pero una de las más graves, siempre inadvertida, es la sensación de dilución del estado de derecho que provocan las calles de nuestras ciudades, inundadas de productos ilegales.