Aun y cuando Santiago Nieto nunca ocultó sus deseos de contender por la gubernatura de Querétaro —primero dentro de Morena—, su salida de la dirección general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se percibe como prematura.
A pesar de su relativamente corta estancia, en su administración se alcanzaron logros significativos.
El primero, y muy destacable, fue haber devuelto al IMPI su mística y su vocación, particularmente en la práctica de operativos antipiratería.
A lo largo del sexenio de AMLO, esa función se diluyó —lo que permitió el incremento sensible de productos falsificados—, y en particular en la era del Instituto bajo la dirección de José Sánchez Pérez, quien tomó una orientación “social” dirigida a la protección de productos típicos.
Y no es que los productos merecedores de denominaciones de origen o de indicaciones geográficas no sean relevantes, pero esta pareció el área de interés único de José Sánchez, en detrimento de las restantes.
Otros de los objetivos importantes alcanzados por Nieto Castillo fue la reforma a la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial y su reglamento, que él impulsó y que llevaban años atorados en las tuberías de sus procesos para convertirse en ley vigente.
Ambos temas, fundamentales para mejorar la salud del sistema mexicano de Propiedad Intelectual.
En combate a la piratería, el IMPI de Nieto destinó la mayor parte de su esfuerzo con sonados operativos en los principales mercados de productos falsificados y contrabandeados del país, en combinación con otras dependencias oficiales —en ejercicio de una facultad de coordinación que se había perdido—.
Estos decomisos han tenido dos importantes consecuencias: la primera, que Estados Unidos sacara a nuestro país de la bochornosa “lista prioritaria 301 de observancia”, reservada para los países con más altos niveles de piratería en el mundo; el segundo: que el mensaje de “no a la impunidad”, al menos en esta materia, regresara con fuerza entre quienes la han convertido en su forma de vida, y entre la propia población, que ya miraba el fenómeno como parte del paisaje urbano.
Al final, la labor de Santiago Nieto dotó al IMPI de una visibilidad pública que había perdido, lo que no es poca cosa en un país con un nivel cultural bajo en materia de Propiedad Intelectual.
Vidal Llerenas Morales, su sucesor, tiene formación como economista y grado de doctor.
Su última posición fue la de subsecretario de Industria y Comercio y se ha desempeñado previamente como diputado federal y alcalde de Azcapotzalco. Los retos para el nuevo director son mayúsculos.
El primero está enfrente y consiste en navegar con la mayor solvencia posible la revisión del T-MEC, cuyo capítulo de Propiedad Intelectual es el más robusto y uno de los más controversiales, que incluye, con puntuales exigencias de Estados Unidos en estos rubros.
El segundo gran reto es escalar el patentamiento de mexicanos a niveles, al menos, competitivos frente a países de la región.
El tercero, continuar con el impulso a la protección de indicaciones geográficas, pero aún más importante, apoyar su promoción y desarrollo.
Si queremos resumir estos retos en un párrafo, diríamos que el IMPI debe lograr que las empresas mexicanas “se casen” con el sistema de Propiedad Intelectual y lo conviertan en punto medular de apoyo para su crecimiento, y que los consumidores lleguen a respetar estos derechos como elementos de garantía de origen, calidad y trazabilidad de los productos y servicios que inundan el mercado.