Mauricio Jalife

Urgente retomar autorregulación empresarial en el país

Sin que necesariamente el punto de declive coincida con el inicio de este sexenio, se percibe en el ambiente empresarial una ausencia de acciones orientadas a mejorar el mercado.

Sin que necesariamente el punto de declive coincida con el inicio de este sexenio, se percibe en el ambiente empresarial del país una ausencia de acciones orientadas a mejorar el mercado. Del ánimo entusiasta que se manifestaba en los años noventa y el inicio del nuevo siglo poco queda, y parecería que los grupos empresariales están en ‘modo supervivencia’, esperando por mejores tiempos.

Es claro. La mirada en esta administración se ha dirigido a otras prioridades y las empresas han sido dejadas, en el mejor de los casos, a su suerte. Y su suerte, en medio de pandemia y anticipos de crisis económicas regionales y mundiales de diversos alcances, no ha sido la mejor. Aun así, nada parece justificar la parálisis que las empresas mexicanas muestran en sus retos cotidianos hacia la competitividad, en un entorno que cada día se vuelve más complejo y volátil.

Una de las herramientas que parecen haber quedado de lado en los tiempos recientes y que muestran su eficacia en otras latitudes, son los códigos y acuerdos gremiales de autorregulación. Este tipo de compromisos de autogestión, destacan en el mundo como medios de mejoramiento de la competencia y el mercado, en toda clase de sectores y giros, desde los códigos de autorregulación publicitaria hasta los compromisos unilaterales que las empresas realizan en temas como responsabilidad social, respeto al medioambiente y la equidad de género.

Una experiencia que a mediados de los noventa inició exitosamente en el país –y que perdura– es la llamada Conar, que ha permitido autorregular la actividad publicitaria en el país con la intervención directa de sus propios protagonistas: las agencias, los medios de comunicación y los anunciantes. Lamentablemente, en otras esferas de actividad los compromisos entre competidores escasean, en buena medida, por la pésima interpretación que se ha hecho de estos acuerdos al amparo de la ley de competencia económica, que sanciona gravemente otra clase de acuerdos anticompetitivos entre rivales.

Las propias marcas de certificación, que aparecieron en nuestra ley de propiedad industrial desde 2018, y que son de utilidad para dar forma a los compromisos de calidad en ciertas industrias, han permanecido inéditas en estos años. De hecho, los propios estándares y las normas oficiales son expresiones de acuerdos de calidad entre competidores, que trasladan enormes beneficios a los consumidores, en la forma de prestaciones mínimas de respeto a especificaciones.

Parte de la problemática, sin duda, tiene como origen la casi inexistente regulación de esta clase de códigos privados, que los ha exiliado de nuestra práctica empresarial. De hecho, en los países avanzados en estos temas, los compromisos que se hacen explícitos por los empresarios se vuelven exigibles por parte de los consumidores, en la forma de acciones colectivas y otros remedios judiciales. Los propios códigos de ética publicados por las corporaciones les obligan de este modo frente al público. De esta manera, las promesas no pueden ser aprovechadas como elementos propagandísticos, a menos de que el empresario cumpla cabalmente con los objetivos declarados.

No hay que olvidar que gobiernos van y gobiernos vienen, pero el mercado, ese océano interminable de transacciones, sigue ahí.

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