Como ha sucedido a lo largo de esta administración del gobierno federal, las iniciativas de ley no se conocen en las gacetas legislativas sino en las conferencias matutinas que cada día celebra el Presidente. Hoy conocimos una nueva intención de reforma que tendría amplias repercusiones en diversas leyes y reglamentos, consistente en la pretensión de modificar el destino de bienes decomisados para que, en lugar de ser destruidos sean comercializados a través del llamado ‘Tianguis del Bienestar’.
La propuesta tiene aristas muy afiladas que deben ser evaluadas antes de cometer un error de difícil reparación para las marcas y para la propia imagen del país. Como se sabe, México invierte grandes recursos en detectar y detener productos sospechosos de violar derechos de propiedad intelectual, tanto en el momento de su ingreso al país a través de las aduanas, como en operativos antipiratería a lo largo y ancho del país.
Estos decomisos no solo dan cumplimiento a obligaciones en ley y compromisos en diversos tratados internacionales de los que México es parte, sino que representan uno de los últimos eslabones de una larga cadena de acciones orientadas a la defensa de los derechos de los titulares de marcas registradas en el país. Lo que hoy inicia con un acto de confianza, que es solicitar el registro de una marca a las autoridades, mañana derivará en procedimientos legales para su defensa. En ese proceso, el beneficio ulterior es para los consumidores a quienes esta regulación debe garantizar que, cuando se adquiere un bien o un servicio, se reciba precisamente de quien emplea la marca como medio de identificación. Si ese vínculo se desvirtúa, el proceso completo traiciona sus principios.
La razón de defender la identidad y función del uso exclusivo de las marcas tiene hondas raíces en los fundamentos de la eficiencia de los mercados, al asegurar que los valores empresariales detrás de cada identificador corresponda a quien los ha construido, al punto en el que la compra que cada consumidor realiza es el ‘voto’ que define a los ganadores en la competencia. Sin un proceso asertivo de identificación empresarial el mercado no puede funcionar adecuadamente.
Cada vez que una mercancía apócrifa es vendida se generan estímulos a la informalidad, evasión de impuestos y muy gravemente, cierre de plazas formales tanto en manufactura como en canales de comercialización. Esta es la primera razón para que el retiro total de esta clase de mercancías sea un imperativo para mantener abiertas las opciones para quienes cumplen con la ley. Donde un producto de origen ilegal se vende, una mercancía legal se deja de comercializar, así de simple es la ecuación.
Al propio tiempo, el daño a las marcas que son víctimas de la delincuencia organizada a través de falsificaciones, no se manifiesta solo a través de la pérdida de ventas por sustitución, sino como consecuencia de la dilución de la capacidad distintiva de la marca. La presencia de marcas ilegalmente empleadas en productos de baja calidad erosiona progresivamente el valor de una marca hasta hacerlo desaparecer.
Si nuestro país toma la insana decisión de comercializar mercancías falsificadas para hacerlas llegar a precios bajos a la población estaríamos apostando contra las propias bases que el sistema legal persigue, que es la eliminación del mercado de los bienes que atentan contra sus postulados. Esta solución sería, por decir lo menos, el mundo al revés.