El tema de la inseguridad sigue dando mucho de qué hablar en el país y en su capital. Hay sucesos que cimbran de vez en vez a la opinión pública.
Esa estrujante realidad tiene su origen en dos grandes causas, absolutamente contradictorias en su naturaleza, pero totalmente concurrentes en sus efectos. Por un lado, la guerra contra el narco, ocurrida a partir del 2006, llevó el número de homicidios dolosos de 8 mil a más de 27 mil al año. Por otro lado, la salida de miles de internos provocada por las reformas en materia de justicia penal llevaron a un repunte de 34 mil homicidios en el año 2017.
Actualmente, se busca atacar este grave problema con varias estrategias gubernamentales que han requerido, sin embargo, de importantes reformas legislativas. Por ejemplo, la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, permitió al gobierno de la República contar con este nuevo instrumento, que ha empezado a ser de enorme utilidad como herramienta disuasiva y operativa. También se reformó la Constitución para incluir un conjunto de delitos graves, como la corrupción, el robo de combustible, el feminicidio, el robo a transporte, la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, la desaparición forzada, entre otros, que ayudarán a cerrar la llamada puerta giratoria por la que entran y salen los delincuentes. Aún falta hacer los cambios necesarios en la legislación penal secundaria en relación a estos delitos graves.
También se reformó la Constitución y se aprobó una nueva legislación en materia de extinción de dominio para facilitar la recuperación de bienes obtenidos a través del crimen y la corrupción. Aún estamos por conocer los alcances de esta figura.
Sin embargo, es previsible que sean necesarias muchas reformas legislativas más. El gobierno y otros órganos del Estado como las Fiscalías y los jueces necesitan más instrumentos jurídicos para contener el flagelo de la violencia.
En la exigencia ciudadana y de autoridades mismas se encuentra el planteamiento de agregar a la lista de delitos graves, que merecen prisión oficiosa, ilícitos como la extorsión, la falsificación de facturas y otros.
Hay otros planteamientos que algunos titulares de tribunales ponen sobre la mesa para cuestionar el auto de vinculación a proceso, que facilita la liberación de delincuentes detenidos cuando el agente del Ministerio Público no reúne rápidamente los elementos fundamentales que justifican la detención.
Hoy en día hay otros temas sobre los cuales reflexionar y tomar decisiones. Por ejemplo, nos preocupamos mucho por la migración irregular que entra por la frontera sur, pero acontecimientos recientes nos hablan de la urgencia de observar la entrada regular de personas que vienen de otras regiones del mundo y llegan a cometer ilícitos en coordinación con sofisticadas redes internacionales.
También están pendientes los temas relativos a la regulación del uso lúdico de la marihuana, asunto en el que incluso existen resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que nos obligan a legislar. Y en un tenor parecido, aunque no igual, las cuestiones relacionadas con el cultivo de la amapola.
De igual forma, tenemos todo lo relativo a la llamada justicia transicional, capítulo que, aunque anunciado, no ha comenzado a explorarse.
Finalmente, no debe olvidarse que la mejor política de seguridad pública, es la política social. A mayor cohesión del tejido social, a mayor protección de las condiciones de vida de la población y a mayor ingreso de la misma, habrá mejores bases para una seguridad duradera. Por eso, no debe olvidarse en la agenda los temas de salud y la conversión en derechos de las grandes políticas sociales hacia la juventud, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores que implementa actualmente el gobierno de la República.