La reciente firma de los acuerdos comerciales entre los gobiernos de México y Estados Unidos ha provocado un paradójico, pero interesante vuelco en la agenda laboral de nuestro país.
Las viejas demandas de libertad sindical, contratación colectiva y aumento salarial de los trabajadores resurgen y no precisamente por una lucha obrera específica.
Por contradictorio que parezca, es la nueva composición de los gobiernos de Estados Unidos y México lo que coloca este tema sobre la mesa.
Después de 40 años de disminución constante del poder adquisitivo del salario, reducción del salario mínimo, desaparición de contratos colectivos, debilitamiento del empleo permanente, derrotas del sindicalismo e incremento del trabajo informal, por fin parece que se abre una rendija de luz para los trabajadores.
Lo más curioso es que esta rendija se abrió, principalmente, por la presión de un gobierno norteamericano al que se ha calificado como ultraconservador por algunos sectores liberales.
El otro factor en escena es el próximo gobierno de México, que se ha pronunciado en favor de la recuperación salarial de los trabajadores, lineamiento que se considera coherente con su línea de izquierda.
En efecto, en Estados Unidos se ha criticado mucho que el impresionante volumen de exportaciones mexicanas a ese país esté apoyada en los bajos salarios que se pagan aquí. Se considera que es una competencia desleal.
Una misma empresa que paga 15 dólares la hora en Estados Unidos, paga tres dólares la hora al trabajador de México.
En consecuencia, dicha empresa prefiere instalar nuevas plantas en nuestro territorio y no en el país de origen. Ello, a su vez, provoca una presión a la baja sobre el salario y el empleo de los obreros de aquel país.
Algunos analistas encontraron en dicha situación la explicación del malestar de los sindicatos norteamericanos con el tipo de libre comercio establecido con México y el origen del voto por Trump de la clase obrera que vive en el centro de la Unión Americana.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue presentado hace 25 años como la entrada de nuestro país al primer mundo. Sin embargo, después de tanto tiempo, el beneficio reportado se concentra en el gran volumen de exportaciones de las empresas mexicanas a nuestro vecino del norte. Eso ha permitido tener una balanza comercial favorable, una despetrolización de las exportaciones y una fuente muy importante de divisas.
El beneficio del TLCAN no se tradujo en mejores niveles de vida para la gran mayoría de los habitantes de México, pues el gran incentivo para la inversión extranjera fue el bajísimo salario que se paga aquí, presentado técnica y deshumanizadamente como una "virtud competitiva" en el discurso dominante de la globalización.
Ahora ha trascendido que con los nuevos acuerdos alcanzados por los gobiernos de Estados Unidos y México en días recientes, impulsados por los representantes de aquel país y el equipo de transición del próximo gobierno mexicano, nuestro país se comprometió a realizar cambios legislativos para alentar la negociación salarial colectiva.
Esto implicaría la obligación de ratificar el convenio 98 de la OIT sobre derecho a la libre sindicalización y el combate a los llamados contratos de protección, así como el derecho de los trabajadores de elegir democráticamente a sus dirigentes.
Los objetivos de las nuevas negociaciones México-Estados Unidos en materia laboral coinciden con la agenda legislativa de Luisa María Alcalde, quien promueve la aprobación de leyes secundarias sobre el nuevo sector del Poder Judicial que sustituirá a las viejas Juntas de Conciliación y Arbitraje, el organismo autónomo para el registro de los contratos colectivos y los procedimientos democráticos para la elección de los dirigentes sindicales.
¿Viene una mejor época para los trabajadores mexicanos? Es posible.