Austeridad y evaluación del cambio
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Austeridad y evaluación del cambio

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Austeridad y evaluación del cambio

21/01/2019
Actualización 21/01/2019 - 13:47

Cuando todo mundo, propios y extraños, hablan de evaluar el cambio, el Senado de la República ha devuelto a la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda 281 millones de pesos de ahorros derivados de su plan de austeridad.

Se trata de un hecho concreto. Ya no es sólo la promesa o el plan. Hay dos resultados tangibles: un ahorro logrado y la devolución de los recursos ahorrados a las autoridades federales.

El gobierno federal podrá agregar este ingreso adicional al Presupuesto general para sumarlo a los gastos sociales o de inversión productiva.

Este recurso proviene de las medidas que aprobó el Pleno del Senado en la primera sesión ordinaria de la actual Legislatura. Y demuestra, además, una victoria política en el debate sobre la austeridad, pues los detractores de estos planteamientos afirmaban que aún siendo loables no redundarían en ahorros reales.

También se llegaba a afirmar que un amplio recorte podría afectar las funciones sustantivas del ente público sometido a medidas como esta. No ocurrió.

En cambio, sí se afectaron numerosos privilegios, onerosos e injustificables. Recordemos algunas de las medidas:

-Eliminación del llamado bono de bienvenida, de casi 400 mil pesos, que se entregaba a los senadores por el simple hecho de llegar a la Cámara alta, con el argumento de que necesitaban recursos para establecerse en la capital.

-Eliminación del seguro de gastos médicos mayores con cargo al erario para funcionarios y senadores.

-Eliminación del seguro de separación individualizada.

-Eliminación del llamado “complemento de aguinaldo”, que consistía en otorgar 40 días más de sueldo hasta completar 80 días de salario como aguinaldo para senadores y altos funcionarios del Senado.

-Eliminación del sistema de estímulos por evaluación, que no es otra cosa que los llamados bonos de productividad que se autoasignaban senadores y asignaban a altos funcionarios en los periodos en que consideraban que habían trabajado mucho.

-Retiro de vehículos oficiales al servicio de senadores.

-Retiro de escoltas o guardaespaldas al servicio de altos funcionarios.

-Disminución en un 50 por ciento de las subvenciones para los grupos parlamentarios.

-Disminución en un 30 por ciento de los techos presupuestales para los órganos de gobierno.

-Disminución en un 30 por ciento del número de mandos de estructura.

-Retiro de vales de despensa a funcionarios y senadores.

-Cierre de peluquería y salón de belleza para senadores y senadoras.

Estos puntos, entre otros, conformaron el primer plan de austeridad de esta época. Y a éste se han ido sumando otras decisiones en otros espacios.

La Cámara de Diputados canceló las pensiones millonarias de los expresidentes y los llamados 'moches' derivados de la partida etiquetación de obra a propuesta de los legisladores.

La Suprema Corte disminuyó en un 25 por ciento los altos sueldos de sus ministros.

En varios órganos autónomos y algunos congresos locales comienzan a disminuir presupuestos onerosos.

El gobierno federal, por su parte, ha puesto en venta el avión presidencial, convirtió la residencia oficial de Los Pinos en un espacio abierto a la ciudadanía, devolvió el Estado Mayor Presidencial al Ejército y bajó el sueldo al presidente y sus secretarios.

Ahora el discurso de la austeridad gana terreno y se convierte en una idea dominante y aceptada como acertada en los diversos ámbitos de la cosa pública. La condena moral de la opinión pública es para los órganos que no han tomado medidas de esta naturaleza.

Sin embargo, será necesario hacer el balance de lo que falta. Es probable que haya aún mucha tela de donde cortar. Falta reglamentar y transparentar muchos gastos y hay ajustes pendientes en otros.

Lo importante es que este proceso ya empezó.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.