En la presente Legislatura del Congreso de la Unión ha comenzado el trabajo legislativo con el tema de la austeridad y ha continuado con el de la seguridad.
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el Presupuesto, los planes de austeridad de ambas Cámaras, entre otras decisiones, han servido para materializar el mencionado tema de la austeridad republicana.
En el caso de la seguridad, la extinción de dominio, el nuevo catálogo de delitos graves, la Guardia Nacional y la propia designación del fiscal general de la República han configurado una agenda de seguridad y justicia.
Sin embargo, con justa razón, diversos analistas y sectores de la sociedad, han señalado que el Congreso debe mirar también hacia la agenda de los derechos, entendiendo por estos variados derechos humanos y sociales, individuales y colectivos.
Por ejemplo, se encuentra pendiente en el Senado de la República la aprobación de la reforma constitucional de paridad, para lograr la representación igualitaria de mujeres y hombres en todos los órganos del Estado: los tres poderes, los tres niveles de gobierno y los organismos autónomos.
También existe un conjunto de asuntos relacionados con la diversidad sexual, por ejemplo, la prohibición de las llamadas terapias de reconversión sexual, que abordan el tema de la homosexualidad como una patología que debe ser curada.
Especialmente se encuentra el tema laboral, derivado de la reforma constitucional de 2017 y de los acuerdos comerciales para la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En este rubro están la nueva justicia laboral, la Convención 189 sobre trabajo en el hogar, la nueva institución para la transparencia de los contratos de trabajo, la democracia sindical y el aumento al salario mínimo por arriba de la inflación, entre otros puntos.
Asimismo, está pendiente la firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Junto con ello se encuentra el gran tema de la educación. Al respecto, está la propuesta de derogar la reforma educativa que convirtió la evaluación en un instrumento de persecución punitiva para quitarle su trabajo a los maestros.
En el terreno de la educación también está propuesto el reconocimiento de la educación superior como obligación del Estado.
Además, hay una larga lista de puntos relacionados con la protección de derechos humanos.
Por ejemplo, los protocolos de conocimiento de Naciones Unidas sobre casos específicos de violación a derechos humanos, como desaparición forzada de personas, tortura, desplazados, ejecuciones y otros.
También está el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte de Justicia Penal Internacional.
De igual manera está la demanda de derogar la figura de arraigo.
Y asimismo, están planteadas distintas reformas a la legislación de sanciones penales, al Código de Procedimientos Penales y a otros ordenamientos, con el objeto de proteger derechos humanos.
Y por último, está el proyecto de facilitar las consultas del gobierno y los órganos legislativos sobre los temas de interés público, lo cual alentaría la participación social, el tejido comunitario y la defensa de derechos.
En un contexto en el que se aprobarán ordenamientos importantes sobre seguridad pública es fundamental generar el adecuado equilibrio entre la parte del orden del Estado y la parte de la protección de los derechos, del bienestar y el desarrollo individual y colectivo de las personas.