Hay algo inquietante en las muestras de poder del oficialismo y es que, tan pronto las realizan, las quieren desmentir en discurso. El ejemplo más reciente sucedió el jueves pasado, en el arranque formal del proceso electoral 2026-2027, en las oficinas centrales del INE.
En el evento, después de casi tres décadas, se vio a la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta, Claudia Sheinbaum. Por primera vez luego de todos esos años, la persona titular de Gobernación se apareció en un acto de este tipo. En la política no hay casualidades y al revisar la historia, notamos por qué la presencia de Rosa Icela es un mensaje en sí mismo; también por qué, junto con otros eventos, es un ejemplo de lo que Steven Levitsky y Lucan Way llamaron “Competitive Authoritarianism”.
El INE, ese instituto “independiente” que hoy encabeza Guadalupe Taddei, es heredero de la Comisión Federal Electoral, que Gobernación controlaba desde 1946, hasta que una reforma en 1987 le sumó representación proporcional. De ahí nació, en 1990, el Instituto Federal Electoral, cuyo Consejo General presidía – por mandato de ley – la propia Secretaría de Gobernación. Así operó el árbitro electoral mexicano hasta 1996, cuando una reforma constitucional sacó por completo al Poder Ejecutivo de la integración del instituto y trasladó la presidencia del Consejo General a un consejero electo por dos terceras partes de la Cámara de Diputados.
Desde 1996, se hizo un gran esfuerzo por mantener al órgano electoral como autónomo. Por eso resulta significativo que la secretaria Rodríguez y la consejera presidenta hayan coincidido en que era buena idea volver a sentar a Gobernación en el Consejo General, así sea con el argumento protocolario de que se invita a los tres Poderes al inicio de cada proceso.
Aunque la justificación sea técnicamente correcta, y aunque al evento del INE también hayan acudido representantes del Legislativo y el Judicial, hasta el jueves pasado ningún secretario de Gobernación había aceptado esa invitación desde que existe la separación.
El oficialismo normalizó esta escena como otras anteriores. Días antes, los nueve ministros de la Corte asistieron al Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum; ella, por su parte, fue al primer informe de labores de esa misma Corte.
En la historia reciente, la asistencia presidencial a estos informes ha estado ligada con afinidad: Peña Nieto acudió mientras la Corte le fue cercana y López Obrador dejó de hacerlo en cuanto la relación con Norma Piña se volvió adversa. Que Sheinbaum haya regresado a la ceremonia confirma esta costumbre.
Por su parte, para el acto de la presidencia, lo habitual había sido que el ministro presidente de la Suprema Corte – y no todo el pleno de ministros – asista en calidad de invitado especial.
Ahora el Ejecutivo visita al Judicial, el Judicial visita al Ejecutivo y, además, acude al evento del órgano que debería vigilarlos a ambos. Mientras, desde Palacio Nacional se muestra como habitual. Por supuesto, se suma la reforma judicial que se defendió, y se sigue defendiendo, como profundización democrática.
Ese relato que promete más democracia es el mismo que ha ido vaciando, una por una, las instancias diseñadas específicamente para que el poder en turno no pueda decidir quién lo vigila. Tal como el régimen competitivo-autoritario definido por Levitsky y Way en 2010, en México existen instituciones democráticas formales – sobre todo elecciones multipartidistas regulares –, pero los gobernantes en turno violan esas reglas con tanta frecuencia y de forma tan sistemática que el sistema deja de cumplir con estándares democráticos convencionales. Se mantienen instituciones democráticas formales (como elecciones, tribunales, órganos autónomos), mientras que se vacían en la práctica. En paralelo, aquí, se reivindican como un logro democrático.
X: @marlenemizrahi