“¿Cuánta conciencia sobre el sufrimiento
es compatible con seguir viviendo normalmente?”
– Susan Sontag, Ante el dolor de los demás
Con esa pregunta, Susan Sontag cierra Ante el dolor de los demás en 2003. La plantea para todas las personas, para quienes vemos imágenes de la guerra, reportajes sobre masacres, conocemos las cifras de muertos reportados y, aun así, desayunamos, trabajamos, dormimos. Para nosotros que, a pesar de conocer tal sufrimiento, nuestros días continúan con normalidad.
La autora estadounidense encuentra esta actitud en las sociedades democráticas, a través de lo que llama “tolerancia institucionalizada al horror documentado”, donde dar constancia de las penas produce la sensación de haber atendido el problema, sin resolverlo. Explica que los mecanismos de registro y visibilidad – comisiones, informes, estadísticas – se convierten en formas de procesar el horror sin transformarlo. Lo vemos, lo medimos, lo nombramos; como si con eso nos hemos hecho cargo.
Sontag lo describe como característica de las personas comunes; sin embargo, la respuesta del gobierno la semana pasada ante el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), demuestra cómo esta lógica se replica, exactamente, a escala institucional.
Desde junio del año pasado, el organismo activó el artículo 34 de la Convención Internacional para elevar el caso de México ante la Asamblea General, al señalar que las desapariciones forzadas constituyen crímenes de lesa humanidad. En septiembre pasado en este mismo espacio, se señaló que el Estado mexicano había ignorado el plazo para responder a la CED sobre la crisis de desapariciones forzadas. Seis meses después, el gobierno emitió un comunicado de dos cuartillas en el que rechaza dicho informe.
Apenas el pasado 2 de abril, la Secretaria de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), suscribieron un posicionamiento conjunto y descalificaron el informe de la CED “por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México”. En ese comunicado se hace presente el argumento de Susan Sontag.
México enumera sus avances en la materia: las reformas de julio de 2025, la Alerta Nacional de Búsqueda, la apertura obligatoria de carpetas desde el primer reporte, la Plataforma Única de Identidad, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses. El gobierno argumenta que lo ve, lo mide, lo nombra y que, incluso, modifica la legislación en la materia.
Aun así, las acciones listadas se presentan como refutación de una crisis sobre la cual no hay certeza de avance. Cinco días antes del comunicado de rechazo, el 27 de marzo, la presidenta Sheinbaum había presentado su propio informe: 130,000 casos activos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Un dato que el gobierno no puede impugnar porque es suyo. Y, sin embargo, ese mismo registro no distingue cuántos de esos casos son desapariciones forzadas – la carencia central que la CED señala –.
La CED fue explicita en el punto que el gobierno usó como escudo, pues no encontró evidencia de una política federal deliberada para cometer desapariciones forzadas. Aclaró que la responsabilidad del estado se acredita, también, por la participación de autoridades locales y por la inacción cómplice frente al crimen organizado. Indica que la problemática es que el Estado no logra detener las desapariciones.
Sontag llama “fatiga de la compasión” a ese mecanismo por el cual ver el horror sin contexto ni responsabilidad produce la ilusión de haber atendido el problema. El pronunciamiento de SEGOB y SRE opera así, pues enumerar equivale, en esa lógica, a haberse hecho cargo.
La inacción ante el sufrimiento documentado, escribió Sontag, es consecuencia de la distancia entre quien mira y quien padece. En México se suma una variante adicional: la que separa a quien padece de quien tiene la obligación de actuar. Solo la decisión política puede resolver estas distancias. El pronunciamiento del 2 de abril confirma que seguiremos esperando a que cierre la brecha.