La realidad termina por desbordar el relato y las narrativas oficiales se ven obligadas a enfrentarse a los hechos. Las declaraciones de Javier Corral, senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, marcan ese momento – pronto y previsible – de la Reforma Judicial.
En los últimos días, Corral expresó la necesidad de revisar y corregir la Reforma antes de la segunda etapa de elecciones populares en 2027, cuando se prevé la elección del último 50% de cargos judiciales.
Respecto a la implementación de la Reforma hasta ahora, Corral ha señalado “casos ejemplares de desconocimiento brutal” en entidades federativas donde gobernadoras y gobernadores “pusieron a quien quisieron”. Afirmó, asimismo, que “estamos pagando las consecuencias” de tales imposiciones. Los posicionamientos del morenista fueron exclusivamente cualitativos, es decir, no se acompañaron de números ni estadísticas cuantitativas. Sin embargo, hay datos que lo respaldan.
Entre ellos está el reporte del presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas, que reportó este mes un rezago del 40% en juicios pendientes. Uno que heredó y se agravó post-reforma, pues en octubre del 2025 ya superaba los 573 mil expedientes acumulados en federales.
Otro impacto mencionado en el artículo “Inversionistas evitan demandas en México tras la reforma judicial” publicado por Bloomberg la semana pasada, es que las empresas que operan en México evitan cada vez más los tribunales y optan por el arbitraje privado o mediación por preocupaciones sobre jueces inexpertos, sentencias erráticas y un sistema percibido como politizado.
Corral también se refirió a debilidades en mecanismos de selección como las tómbolas, que permiten arbitrariedades. Propuso privilegiar la carrera judicial, exigir exámenes de conocimientos y experiencia previa, es decir: regresar a la dinámica anterior.
El llamado del senador coincide, también, con la admisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de una impugnación contra la Reforma, algo que ha sido presentado por opositores como el panista Germán Martínez. La admisión implica el inicio de un trámite para evaluar si la Reforma viola derechos humanos, como la independencia judicial y acceso a la justicia, conforme a la Convención Americana. Posibles consecuencias incluyen medidas cautelares para posponer la elección 2027, audiencias en México, condena internacional que exija correcciones e indemnizaciones a jueces afectados. Aunque Corral niega que sea por “presión internacional”, una sentencia podría forzar a México a reparar daños.
Las expresiones del presidente de la Comisión de Justicia revelan la fractura del discurso frente a la realidad, algo sobre lo que reflexiona el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. En La sociedad del cansancio y La sociedad de la transparencia, Han sostiene que el poder contemporáneo opera a través de la positividad, donde todo debe presentarse como avance, transformación, democratización y, por lo tanto, la crítica se percibe como obstáculo y la duda como traición.
La Reforma Judicial se presentó como un acto de democratización. Sin embargo, tal y como advierte Han, la transparencia formal puede erosionar la confianza cuando sustituye la densidad institucional por la mera exposición pública. El 13% de participación en 2025 – la más baja en tres décadas – es síntoma de que la transparencia fracasó en convertirse en legitimidad sustantiva.
En la lógica que describe Han, la sociedad del rendimiento exige resultados inmediatos, por lo que el sistema judicial renovado debía mostrar eficacia mientras operaba con perfiles inexpertos, al tiempo que absorbía 573 mil expedientes heredados a resolver en un plazo de 90 días. El Estado se convierte en sujeto de rendimiento al ser obligado a demostrar éxito político antes de consolidar las capacidades técnicas necesarias.
La advertencia del senador, al provenir del interior del oficialismo, es la verdadera grieta: evidencia una narrativa que fracasó en absorber la realidad.