Con los escándalos taquilleros de los días recientes por el retiro de la visa a Andy y el frustrado retorno de Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, no se ha prestado la atención que requiere a un tema de suma relevancia para el país, la iniciativa de ley contra el feminicidio, ese flagelo que afecta de manera irreparable a víctimas y sobrevivientes, que destruye familias y desgarra el tejido social.
Cada 8 de marzo y 25 de noviembre retumba con fuerza el mismo grito de rabia: “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”. Pero siguen ocurriendo casos todo el año, todos los años y en todo el país. Solo por nombrar algunos más recientes, el de Karla Valeria Jiménez, en Puebla, asfixiada por su propio esposo, o el de Dafne Zapata, asesinada en una academia militarizada en Tamaulipas.
La presidenta Sheinbaum está por cumplir dos años en el poder y combatir ese crimen atroz ha sido una de sus principales promesas desde la campaña. El 15 de julio envió al Congreso la iniciativa de Ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, que busca, entre otras cosas, homologar en todo el país los mecanismos de investigación y las sanciones –que ahora irán de 50 a 70 años de prisión–, así como crear un registro de orfandad por feminicidio.
La iniciativa ha sido sometida a una amplia discusión. El Senado abrió un micrositio donde recibió cerca de 800 propuestas para enriquecer el proyecto, y se han realizado mesas de diálogo con autoridades, especialistas, activistas y víctimas colaterales o sobrevivientes de feminicidio.
Se podrá decir que la presidenta tardó casi dos años en enviar esta iniciativa, y sí, quizá debió haberlo hecho antes, pero lo ambicioso del proyecto, por su integralidad, y sobre todo por la apertura que se está dando a robustecerlo, representa una oportunidad insoslayable para atender de fondo este brutal delito.
Porque el gobierno podrá resaltar que la incidencia ha bajado –reducción de 36% respecto de 2021, se informó en la presentación de la iniciativa–, pero mientras siga habiendo casos, así sea uno solo, no se pueden presumir avances.
El feminicidio es un tema que no admite autoelogios y se necesita autocrítica. Para eso se supone que se abrió a debate la iniciativa y se hicieron foros en la casona de Xicoténcatl. Ahí, el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, uno de los ponentes, resaltó que ninguna captura y sentencia de un feminicida le devuelve la vida a una mujer. Porque esa detención “llega después del crimen, después de que una familia perdió a una hija, o a una madre o a una hermana”.
Llaven Abarca apuntó que “sería sencillo venir a hablar de la efectividad de más de 90% en esclarecimiento de feminicidios” en su entidad, pero la realidad –reconoció– es que entre enero y julio hubo 26 feminicidios en Chiapas, contra 17 en el mismo lapso de 2025, un aumento de más de 50%, lo que implica, admitió, que “algo no estamos haciendo bien”, pues “de qué sirve que el Estado esclarezca con eficacia si llega después de que una mujer perdió la vida”.
Por ello insistió en que el Estado debe llegar antes, cuando aparece la primera amenaza, cuando una mujer pide ayuda, cuando denuncia violencia familiar, cuando se incumple una orden de protección. Esta nueva ley –planteó– debe construir instituciones capaces de reconocer el riesgo y actuar antes de que la violencia sea letal, y dejar la revictimización, evitarle a una mujer en riesgo el peregrinar institucional y no obligarla a repetir una y otra vez su historia.
En las mesas de diálogo se propusieron otros ajustes pertinentes. Por ejemplo, la activista María Elena Ríos pidió incorporar en el artículo 10 que los ataques con sustancias tóxicas irritantes, explosivos y líquidos en altas temperaturas no sean consideradas simples lesiones sino que se clasifiquen como parte del feminicidio en grado de tentativa.
O el planteamiento de María Elena de la Fuente, de incorporar mecanismos para respaldar a las madres o abuelas de quienes fueron víctimas de feminicidio –como su hija Cecilia–, y en muchas ocasiones quedan a cargo de los menores.
Fueron aproximadamente 140 personas las que enviaron propuestas, y aunque no todas pudieron acudir a las mesas de diálogo a argumentarlas, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Mícher, asegura que están en la mejor disposición de incorporar lo más que se pueda. “Escuchamos a las expertas, a las organizaciones, a las defensoras, a las emisoras de alertas de género. Estamos escuchando a todo mundo”.
Mícher comenta en entrevista que ella está “absolutamente de acuerdo” en discutir ajustes a la iniciativa, por ejemplo, para brindar especial atención a las mujeres que sobrevivieron a un intento de feminicidio.
Otros puntos en los que la morenista anticipa que van a poner especial énfasis es, uno, la capacitación y especialización del personal que atiende temas de feminicidio, y dos, garantizar que esta sea en verdad una ley marco, porque no se puede estar a expensas de que las Legislaturas estatales armonicen a su gusto.
Así ocurrió, explica Malu a esta columna, cuando se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal Federal y se establecieron las ocho razones de género que se consideran como causales. “¿Qué pasó cuando en los estados se hizo la tipificación en los códigos estatales? Fue la peor de las derrotas para nosotras, lo peor que nos pasó, porque en unos estados pusieron cuatro razones de género, en otras tres, en otras cinco…”. Por eso, insiste en que esta nueva normativa debe ser la ‘ley sombrilla’ que abarque todo el país, “porque si volvemos a pedirle a los estados que vuelvan ahora a legislar con su ley estatal, nos va a volver a pasar lo mismo”.
La siguiente semana deberán quedar sistematizadas las propuestas de ajuste a la iniciativa de Sheinbaum, y ojalá esta vez no haya sido pérdida de tiempo para que al final no le muevan ‘ni una coma’. En la ‘4T’ ‘parlamentos abiertos’ van y ‘parlamentos abiertos vienen’, y las sugerencias son ignoradas. Esta vez debe ser distinto. El Estado está en deuda con las mujeres, con las víctimas, con sus familias y con la sociedad entera. Esta oportunidad no se puede desaprovechar.