Quizá alguna vez le haya tocado un vuelo en el que, al aterrizar, el capitán se llevó un sonoro aplauso por lo impecable y terso de la maniobra. O tal vez en algún restaurante haya escuchado a un comensal pedirle al mesero que le felicite al chef por tan exquisito platillo que acaba de degustar. Ese tipo de reconocimiento no es común y, en algunas profesiones u oficios es algo inimaginable.
¿Cuándo se ha escuchado un aplauso al conductor del Metro por un arribo suave a la siguiente estación?
Al editor que detecta y frena una pifia del autor, ya sea de un libro, una revista o una publicación informativa, nunca se le va a dar una palmada en la espalda, finalmente es su chamba. En cambio, si deja pasar un dedazo o se le escapa una falta de ortografía, muy probablemente será sacrificado (saludos al director de la Gaceta de la UNAM). Se asume que hacer las cosas bien es su trabajo y punto, pero los yerros, esos sí hay que hacerlos notar.
Lo mismo ocurre con la labor de gobernar. Salvo de parte de paleros y lambiscones, los gobernantes no deberían esperar aplausos, y si no pregúntenle a Peña Nieto, que en febrero de 2015 cayó en la cuenta de que “ya sé que (los periodistas) no aplauden”, luego de anunciar medidas anticorrupción. La autoridad está ahí para gobernar bien; recibir cuestionamientos cuando su desempeño no es el esperado es lo normal. Un acto de contrición y la consecuente rectificación son algo que no está en el diccionario de los gobernantes, y la ‘4T’ está muy lejos de ser la excepción.
Aunque el sentido común indique que reconocer un descuido u omisión y rectificar sería lo menos costoso en un manejo de crisis, en el actual gobierno les da por negar lo evidente, inventar una realidad alterna o descalificar a quien hace notar una falla.
Por eso se intentó en un principio ignorar y luego negar que una persona había tomado el sol desde uno de los balcones de Palacio Nacional. Y se llegó al grado de alegar, utilizando una instancia del gobierno –Infodemia– que se supone es para demostrar falsedades, que se trataba de inteligencia artificial. Lo que resultó ser una falacia fue eso de que se trataba de IA, o al menos la forma en que se quiso argumentar para desviar el foco y no admitir la imprudencia.
El mismo caso con el incendio en Paraíso, Tabasco, el 17 de marzo, que cobró la vida de cinco personas. La presidenta Sheinbaum se apresuró a aclarar enfáticamente que había sido “en el exterior” de la refinería Olmeca. Se echó la culpa a las fuertes lluvias que provocaron que se desbordaran aguas aceitosas hacia el exterior, y al parecer había sido un auto el que ocasionó un chispazo que derivó en la tragedia. Ah, pero “fue en el exterior de la barda perimetral” de la refinería de Dos Bocas… como si las aguas aceitosas no provinieran “del interior” del complejo petroquímico. ¿Quién es el culpable de no haber dispuesto lo necesario para contener esos aceites y evitar que se desbordaran con un aguacero?
Y en otro caso que parece broma pero no lo fue, el secretario de Marina aseguró que lo más probable es que la mayor cantidad de derrame de hidrocarburos en el golfo de México provenga de chapopoteras naturales… Suponiendo que así fuera, ¿acaso Pemex no tiene mapeada toda esa zona y no podía hacer nada para evitar filtraciones de esa magnitud? ¿Cuánto tiempo se dejó derramar ese crudo?
Pero el caso más revelador de esta tendencia de tratar de negar la realidad, de rechazar los cuestionamientos y reprochar que no se aplauda o no se reconozcan avances, es la descalificación presidencial del reporte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU. El informe señala “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”, por lo que el comité solicita al secretario general de la ONU “que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado parte”.
La mandataria, de entrada, salió con que el CED “no es un comité de Naciones Unidas”, sino “un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas”. Aaah, ok. Gran diferencia… “Actuamos con independencia, pero no al margen del Sistema de las Naciones Unidas”, le respondió Juan Pablo Albán, presidente del comité.
Sheinbaum alegó que los expertos “no están muy exactos en el análisis” porque sólo se centran en cuatro estados –lo cual no es cierto– de 2009 a 2017 y los resultados los extrapolan hasta 2025. Y se quejó además de que cancillería y Segob enviaron un documento al CED que describe las acciones realizadas desde 2019 para atender la problemática, y no fue tomado en cuenta (es decir, no hay aplausos, pues).
Muy bien que se hayan impulsado cambios en la legislación y se hayan realizado acciones con la Comisión de Búsqueda, pero para la ‘4T’ es más importante “defenderse” que reconocer que, pese a los avances, la crisis de desaparecidos está lejos de ser resuelta; más importante reprochar antes que admitir que hay un Hernán Bermudez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, vinculado a proceso el pasado sábado por el delito de desaparición forzada de personas; más importante victimizarse en vez de recordar que hay un Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, Jalisco, en prisión por sus nexos con el CJNG, cártel responsable de desaparición de personas.
Nadie, ni siquiera el comité, está diciendo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum sea culpable o autor de desaparición forzada. Lo que el CED destacó es que, “en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia”.
No es el gobierno el que está desapareciendo personas, pero aún en el segundo piso de la ‘4T’ el problema continúa e incluso las madres buscadoras siguen siendo asesinadas. ¿Por qué no aceptar entonces el apoyo de Naciones Unidas?