El destino del plan B es incierto ante la falta de acuerdos políticos entre los partidos de la coalición gobernante que volvió a manifestarse ayer al diferirse la discusión en comisiones. La postura del PT constituye el dique principal al no estar de acuerdo en que la revocación del mandato pudiera realizarse en forma simultánea a las elecciones, pues considera que, al facultar a la presidenta para solicitar el apoyo ciudadano, podría generar inequidad en la contienda favoreciendo a Morena y dejando en desventaja a las demás fuerzas políticas.
La revocación del mandato fue incorporada a nuestra Constitución por la propia ‘4T’ bajo el argumento de fortalecer la participación de la ciudadanía y otorgarle un instrumento de evaluación al ejercicio del poder presidencial y de las gubernaturas. Se trata de un mecanismo que entraña un derecho de las y los ciudadanos, sujeto a reglas constitucionales y legales claramente establecidas; su promoción no corresponde a una facultad de la presidencia, debe ser solicitado por, al menos, el tres por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores que manifiesten tener desconfianza sobre el ejercicio de las funciones de la propia presidencia; no es, en este caso, Claudia Sheinbaum como gobernante quien debe solicitarlo, son los gobernados en el supuesto de que tengan desconfianza y consideren necesario evaluar su gestión en las urnas y, de alcanzarse la votación exigida por la ley, removerla anticipadamente de su encargo.
En el plan B se propone que el ejercicio de revocación del mandato se realice en el tercer o cuarto año de gobierno, es decir, abre la posibilidad para que en 2027 se implemente el mismo día de las elecciones e incluye dar a la primera mandataria atribuciones para difundirlo y solicitar el voto a su favor, en pleno desahogo de las campañas de todas las demás elecciones federales y locales, pero adicionalmente, la propuesta mantiene la prohibición de que los partidos políticos intervengan en la promoción del ejercicio, dejando a la presidenta como punta de lanza en la promoción de todas las candidaturas del morenismo.
Aprobar esa modificación es formalizar lo que por la vía de los hechos ya ha ocurrido en los siete años y medio de gobiernos de la ‘4T’: anular el principio de neutralidad previsto en la Constitución al que están obligados en su desempeño todos los funcionarios públicos. No podemos actuar con ingenuidad frente a esta propuesta, lo que se pretende es generar ventajas indebidas en favor de las candidaturas del morenismo, incluso por encima de las de sus aliados políticos, es colocar la popularidad presidencial en campaña en pro de la ratificación y, al mismo tiempo, maniatar a los partidos opositores a que no promuevan la remoción, lo cual es absolutamente inequitativo.
Vamos de nuevo: nadie pidió una reforma electoral innecesaria. Ahora la presidenta propone con su plan B un mecanismo de conversión de un derecho ciudadano en un conjunto de reglas que generan ventajas indebidas a las candidaturas del morenismo para garantizar lo que el mismo PT ha denunciado, el regreso del partido único, a costa de sacrificar la atención de temas prioritarios como el ataque a la intervención de grupos del crimen organizado en las elecciones o separar la jornada de votación de las elecciones judiciales de las demás elecciones. El PT tiene un compromiso con su supervivencia política, pero principalmente con la democracia mexicana.