Luego de las correcciones hechas por el Senado, el domingo pasado el Instituto Nacional Electoral publicó la lista definitiva de las candidaturas a cargos judiciales federales que serán votados el 1º de junio en una elección cuya certeza ha sido dinamitada por las múltiples fallas y decisiones de la propia 4T. Los errores cometidos por los Comités de Evaluación del Ejecutivo, Legislativo y la extravagante tómbola ordenada por el Tribunal Electoral, afectaban, incluso, la identificación plena de algunas candidaturas que, al parecer, fueron subsanadas para ordenar la impresión de las boletas electorales.
En el recuento de los daños a la credibilidad de las elecciones judiciales no debe soslayarse la confrontación de tres magistraturas de la Sala Superior del Tribunal con cuatro ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de la presidenta Mónica Soto y de los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, la misma mayoría que hace poco más de un año publicó fotos en un desayuno mientras se presentaba el informe anual del Tribunal ante el pleno de la Corte y luego quitó de la presidencia al magistrado Reyes Rodríguez.
La deliberación se hizo pública a propósito de la sentencia emitida el jueves pasado por el máximo Tribunal por la que resolvió un conflicto de competencias entre el propio Tribunal Electoral y diversos jueces y juezas que ordenaron al INE suspender la organización del proceso electoral judicial. A mayor claridad: la SCJN no estaba resolviendo sobre la constitucionalidad de la reforma ni sobre su implementación, menos aún para frenar la organización de las elecciones, pero las magistraturas mencionadas solicitaron la recusación de la ministra presidenta y de tres ministros en un hecho insólito que solo se explica por el evidente apoyo y la protección que el oficialismo brinda a la mayoría del Tribunal Electoral que ha renunciado al principio de imparcialidad para aliarse con la 4T en la elección judicial y en muchos temas previos.
De cualquier manera, la litigiosidad sobre las elecciones judiciales, al menos en esta etapa, ha llegado a su fin, una vez que la Corte reafirmó que el juicio de amparo no es procedente en materia electoral, dejando de paso a los jueces y juezas que ordenaron las suspensiones provisionales y definitivas a expensas de las acciones que en su contra ha iniciado la mayoría, también aliada a la 4T, del Consejo de la Judicatura Federal que ya inició procedimientos de sanción.
Serán 4 mil 224 candidaturas que buscan ocupar alguno de los 881 cargos federales, en las elecciones más controvertidas que haya organizado el INE en su historia. La logística incluye la instalación de alrededor de 84 mil 200 casillas y la impresión de cerca de 600 millones de boletas. El tema es saber si la institución electoral tendrá la capacidad suficiente para informar a la ciudadanía quiénes son las candidaturas, cómo se hará la votación y cómo el conteo de los votos; sobre todo, si tendrá los arrestos para controlar el proselitismo que a favor o en contra de las candidaturas realicen servidores públicos, la dirigencia y militancia de Morena.
El hecho concreto e irreversible es que la 4T avanza en el sometimiento del Poder Judicial. Tendrá personas juzgadoras a modo, destruyendo uno de los principios esenciales de la democracia mexicana: la división de poderes, que en breve será anulado para eliminar las barreras que se opongan a los designios de la Presidencia de la República.