Los mecanismos diseñados por los partidos políticos para seleccionar a la persona que coordinará sus respectivos movimientos están por concluir, con sus propias tensiones y dejando diversas lecciones que deberán atenderse en la próxima reforma electoral, ante la urgencia de actualizar un marco normativo que hoy está claramente rebasado y resulta insuficiente para atender las nuevas realidades que impone el activismo desbordado de los actores.
Con un entorno muy complicado, las autoridades electorales improvisan sobre la marcha diversas interpretaciones para construir lineamientos, criterios y nuevas reglas que conceptualizan a ambos mecanismos como procesos políticos inéditos, a efecto de no detenerlos ni asimilarlos a lo que son, desde la perspectiva de la ley vigente y algunas tesis jurisdiccionales, precampañas adelantadas, la de Morena, PT y PVEM con más de dos años de desarrollo y la de PAN, PRI y PRD con casi dos meses, ambas en marcha antes del proceso electoral federal, que dará inicio hasta el 7 de septiembre, a más tardar.
Como en todo proceso político, tanto en el oficialismo como en la oposición, se han generado tensiones internas entre las y los aspirantes que buscan, de un lado, coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y del otro, el Frente Amplio por México. En la alianza gobernante el excanciller Marcelo Ebrard se lanzó en contra de la dirigencia de su partido y del aparato de gobierno. En un hecho inédito, acusó una amplia movilización de las estructuras burocráticas de la Secretaría del Bienestar en favor de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, exigió, también, a la dirigencia de su partido que cesen movilizaciones que no tienen precedente, que dejen a la gente elegir en libertad y cuestionó el método de las encuestas.
Las acusaciones de Marcelo Ebrard acentúan las diferencias internas en la alianza gobernante y abren diversos flancos que complican la selección de la corcholata ganadora y detona un pleito con el gobierno, al que acusa de movilizar brigadas de apoyo en favor de la competidora que lleva la delantera, lo cual, de ser cierto, implicaría uso ilegal de recursos públicos. Por la gravedad del tema, el INE debe emplazar a Ebrard para que aporte pruebas de sus afirmaciones, en el marco de un procedimiento oficioso o de la fiscalización que está realizando y, de ser el caso, establezca las sanciones que correspondan, dando vista a la Fiscalía General de la República, a efecto de que abra una línea de investigación por posibles delitos electorales, cuya persecución ya es de oficio, de conformidad con las modificaciones a la ley impulsadas por Morena.
El Frente Amplio por México enfrenta sus propias tensiones. Más allá de los episodios vividos ante la determinación del Comité Organizador cuando algunos aspirantes no lograron el umbral de las 150 mil firmas válidas, el punto medular está en encontrar el camino para construir los acuerdos que permitan seleccionar a una persona, que más adelante, en los tiempos procesales oportunos, construya una candidatura competitiva, atractiva para la sociedad y que goce del mayor respaldo popular.
La alianza virtuosa de partidos de oposición con organizaciones ciudadanas ha movido el escenario político que ya no es monocolor, se están generando opciones viables para competir frente al pesado aparato del gobierno que no quiere perder el poder, a costa de dividir más al país y destruir al Estado de derecho. El FAM implica una vía de legitimación y apoyo social, con la integración de un programa incluyente que logre construir soluciones urgentes a los graves problemas que vive el país. Es momento de acuerdos y de soluciones precisas.
El autor es profesor en UP y UNAM. Especialista en materia electoral.