La marcha rosa del 13 de noviembre no significa una simple anécdota en la historia reciente de México. Es la expresión auténtica y legítima de que, como sociedad responsable y consciente, recuperamos capacidad de movilización en defensa de nuestras instituciones y reglas electorales. Las multitudinarias concentraciones del domingo refrendan la vocación cívica de miles de mujeres y hombres que en un ejercicio de libertad decidieron dejar un mensaje claro y respetuoso a ministras y ministros, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revoque el plan B electoral del presidente, por los nocivos efectos que tiene para nuestra democracia.
La ola rosa que dio colorido a las principales plazas de más de cien ciudades en el país demostró que ni la calle ni esos espacios públicos son de nadie en lo individual, son de todos. Ni el Zócalo de la CDMX ni el de ninguna otra ciudad es propiedad de los gobernantes en turno, porque son lugares de encuentro de todas las personas, para la sana convivencia, el recreo y la libre expresión.
Se dieron cita hombres y mujeres de muy diversos orígenes sociales, militantes y simpatizantes de partidos políticos, integrantes de organizaciones sociales y muchas otras personas sin militancia partidaria que se pronunciaron por impulsar una democracia cada vez más fuerte, justa e igualitaria, que hicieron suyo el derecho a manifestarse, a opinar, a reunirse y a disentir en forma pacífica.
No fueron concentraciones ni actos partidistas, fueron muchas y muchos más ciudadanos acompañados por los partidos. Fue la gente y sus organizaciones quien los movilizó en torno a la defensa del INE, institución que se ha convertido en punto de inflexión en favor de un entorno más democrático en el país, que ha sido palanca del cambio político, porque logró traducir las reglas construidas por el consenso y sus candados de confianza en prácticas electorales tangibles y aceptadas por todos y que hoy se encuentra en un grave peligro.
La institución electoral ha sido bombardeada desde el poder porque no traiciona su razón de existir, porque se ha mantenido como una institución sólida y autónoma, que no ha caído en la tentación de volver en el tiempo para entregarse al presidente y su partido. Justo por ello la opinión pública y la movilización popular de da un gran respaldo.
Las concentraciones del domingo dejan un mensaje claro a la Corte expresado en los contundentes mensajes de Beatriz Pages y José Ramón Cosío y en la confianza ciudadana que simbolizan las flores que fueron colocadas en la escalinata de acceso a su sede principal.
Hay coincidencia en los nutridos grupos de la sociedad mexicana que tomaron las plazas públicas: el plan B constituye una reforma regresiva, contraria a la tradición mexicana de impulsar cambios para fortalecer progresivamente al sistema electoral, porque el gobierno y sus legisladores abandonaron el método del consenso en la revisión de las reglas del juego político y contiene ajustes que vuelven inoperante al INE para organizar las elecciones.
Hay que repetirlo con claridad: el plan B es una reforma innecesaria, la sociedad no la pidió. Es falso que constituya una respuesta a demandas sociales. Es una reforma que destruye y tira a la basura treinta años de logros democráticos. La SCJN tiene, entonces, la enorme responsabilidad de decidir qué modelo quiere para México, uno donde el INE siga siendo garantía de elecciones creíbles y de calidad o uno donde tengamos autoridades debilitadas, con los riesgos que ello implica.
Marco Baños es profesor en UNAM y UP, especialista en materia electoral.
Twitter: @MarcoBanos