En la primera semana de enero de 2023 dará inicio el proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado de México. Se trata de la entidad federativa, electoral y poblacionalmente, más grande del país, con 17 millones de habitantes, 12.2 millones de los cuales tienen credencial para votar, que significan poco más de 13 por ciento de la lista nominal nacional, la ‘joya de la corona’, el espacio de influencia más importante que conserva el PRI y que ha gobernado por más de 90 años sin alternancia.
El preámbulo del proceso mexiquense transcurre entre el desahogo de la etapa impugnativa de las elecciones celebradas el pasado 5 de junio, los foros para la reforma electoral organizados separadamente por las fracciones parlamentarias de los partidos políticos y las cuestionables elecciones de Morena que evidenciaron su propia conflictualidad, el desaseo en sus votaciones y la puesta en marcha de diversas prácticas antidemocráticas minimizadas por el presidente y atribuidas por Mario Delgado a ‘infiltrados’. Resultado: el descontento de amplios grupos del movimiento que sienten lesionados sus derechos y críticas severas de voces relevantes del propio partido.
Apenas en 2018, el Estado de México fue el escenario donde el presidente de la República obtuvo poco más de 4.3 millones de votos, 14 por ciento de los más de 30 millones que lo llevaron al triunfo. Seis años antes, el presidente Enrique Peña habría logrado entronizar de nuevo al PRI, luego de la alternancia política del año 2000 y dos sexenios de gobiernos del Partido Acción Nacional.
Desde el Estado de México, el PRI logró regresar a los primeros planos de la política nacional al amparo de la clase política que ahí domina. Es su principal bastión junto con Coahuila y ahora Durango, cuya gubernatura ganó en coalición con el PAN, pero el presidente y Morena necesitan conquistar ese territorio clave para la contienda de 2024, pues en la ecuación les significa un golpe demoledor tanto al PRI como al PAN, con independencia de que vayan en coalición o con candidaturas separadas.
Ya Morena decidió en favor de la maestra Delfina Gómez, quien por segunda ocasión será candidata conforme a los resultados de las ‘encuestas’, mientras que Enrique Vargas fue presentado por el PAN como su candidato y Juan Zepeda se perfila por MC. El PRI sigue en sus definiciones internas entre dos mujeres de amplia trayectoria, Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera. Queda pendiente conocer el destino de la coalición cuyas dirigencias partidarias declararon mantener contra viento y marea, cuestión de revisar los argumentos y la estrategia de la dirigencia panista que se adelantó presentando a su abanderado y de evaluar si la coalición tiene viabilidad en las condiciones actuales para definir una candidatura de consenso de los tres partidos a partir de propuestas de cada uno de ellos.
De la capacidad que demuestren los partidos para definir la posible candidatura de la coalición, si es que la mantienen, dependerán sus posibilidades de triunfo. Si se separan fragmentarán su voto y ello hará las cosas más fáciles a Morena, que casi de inmediato pondrá en marcha a su candidata bajo el membrete de coordinadora de los ‘comités de defensa de la cuarta transformación’, campaña disfrazada que la acerca a los electores y continúa posicionando la marca. El tribunal deberá valorar, a la luz de criterios recientes, si hay o no actos anticipados que deban sancionarse con la imposibilidad de registrarse más adelante a la contienda.
El autor es profesor en UP y UNAM. Especialista en materia electoral.