Contra viento y marea la revocatoria del mandato avanza. El viernes pasado el INE emitió la convocatoria luego de verificar el cumplimiento del requisito de firmas. De conformidad con el informe final, de los 11.1 millones de apoyos ciudadanos presentados por las diversas organizaciones sociales y ciudadanos que las recabaron, se determinó que, de las que fueron revisadas, el 3.75% de personas están inscritas en la lista nominal de electores, además de que en 25 entidades federativas se alcanzó el 3% de sus respectivos listados.
Sobre la controversial recabación de apoyos ciudadanos, queda pendiente que la autoridad electoral determine si desahogará o no procedimientos sancionadores por diversas irregularidades detectadas, pues al concluir la verificación de poco más de la tercera parte del total y hacer un muestreo para comprobar su autenticidad, se encontró que el 25% de los entrevistados corresponde a personas que negaron haber firmado.
Al final, tanto el presidente como su partido lograrán que el 10 de abril se instalen casillas para inaugurar un mecanismo de rendición de cuentas que aporta a las y los electores la posibilidad de evaluar el desempeño del primer mandatario. Siendo un mecanismo cuyo carácter debería ser ciudadano y reviste la importancia histórica de ser la primera vez que se implementa en nuestro país, el hecho es que su naturaleza se desvirtuó para convertirse en un instrumento político del oficialismo que mantendrá en campaña permanente al propio presidente.
El entorno de la revocatoria se adereza por decisiones jurisdiccionales que ante la falta de recursos faculta al INE para decidir el modelo operativo y las dimensiones del ejercicio, dejando a salvo los derechos políticos de los ciudadanos, pero sin saber todavía las consecuencias que ello tendrá sobre la institución electoral y sus programas estratégicos.
Igual que en un proceso electoral, la revocatoria conlleva otros temas delicados, pues desde la aprobación de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión de la propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Vale aclarar que no es una determinación del INE, sino un mandato expreso contenido en la Ley Federal de Revocación del Mandato, pudiendo difundirse solo campañas relativas a servicios educativos y de salud o de protección civil.
El INE será la instancia responsable de promover, en forma neutral, la participación ciudadana en los tiempos oficiales de radio y televisión, mientras que los partidos no podrán hacerlo conforme a determinaciones previas de la SCJN. Las ciudadanas y ciudadanos podrán dar a conocer opiniones, pero sin contratar propaganda en medios electrónicos; por su parte, los servidores públicos de todos los niveles deben abstenerse de influir en las preferencias de la ciudadanía. Siendo un ejercicio ciudadano, por mandato de ley, en la organización y difusión de la revocatoria deben acatarse los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad.
La implementación a la mexicana de la revocatoria permitirá derivar múltiples lecciones para ejercicios futuros, para regresarle su carácter ciudadano y para convertirla en un instrumento que, utilizado con racionalidad, permita remover de su encargo a malos gobernantes. Igual será un catalizador para retomar las deliberaciones sobre la posible reforma electoral, en la que, obligados a ser justos con la historia, debe reconocerse la centralidad que el INE tiene en la vida democrática del país y sus esfuerzos para cumplir sus responsabilidades dentro de la institucionalidad que hemos construido.
*Profesor en UP y UNAM. Especialista en materia electoral.
@MarcoBaños