El domingo 5 de junio los electores de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas tienen una cita con la historia para renovar gubernaturas, además de 39 ayuntamientos en Durango y 25 diputaciones en Quintana Roo. Son procesos electorales que movilizarán a poco más de 11.5 millones de votantes y requerirán la instalación de cerca de 21 mil 100 mesas directivas de casillas.
Este año las elecciones implican múltiples retos para instituciones electorales, partidos, ciudadanos y gobiernos. Se trata de seis entidades federativas gobernadas por PAN, PRI y PRD, ninguna por el partido oficial, que ya gobierna en otras 18. Morena no arriesga nada, al contrario, tiene mucho que ganar, y aunque nada está escrito, las predicciones demoscópicas indican que podría obtener el triunfo en al menos tres y máximo cinco, dado que en Aguascalientes el PAN tiene las preferencias mayoritarias.
La duda está en Durango, donde los resultados de 2021 no favorecieron del todo al oficialismo, pero las encuestas indican que podrían ganar, mientras que en Oaxaca y Quintana Roo obtuvieron prácticamente todas las posiciones y sus precandidaturas son favoritas, lo mismo que en Hidalgo donde ha crecido; además de que los partidos opositores no refrendarán su alianza en todos los estados. Tamaulipas tiene el desgaste del litigio previo de Cabeza de Vaca para su desafuero y las imputaciones sobre su gobierno. En suma, la mesa está puesta para ver qué tanto incrementa la hegemonía territorial de Morena y sus aliados.
Los procesos en curso se dan en el cuarto año del mandato del presidente, quien más allá del discurso tendrá que revisar hasta dónde se han materializado los compromisos de campaña que asumió, hasta dónde su gobierno realmente es diferente a los anteriores, y si bien tendrá la ventaja de empezar la inauguración de sus grandes obras, también tendrá que enfrentar la evaluación del modelo de justicia social que diseñó e implementó en el país.
c que dejó de ser una construcción colectiva de carácter ciudadano para convertirse en un objetivo prioritario del presidente, quien sigue siendo el autor de la agenda para el debate cotidiano. Es él quien da pauta para debatir temas y el momento en que se hace. La revocatoria avanza pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto dos impugnaciones clave: la controversia y su ampliación interpuesta por el INE sobre la negativa de recursos aprobada por la fracción mayoritaria de los diputados y la que, a su vez, interpusieron legisladores del PRI, PAN y PRD sobre la constitucionalidad de la pregunta incluida en la Ley Federal de Revocación de Mandato.
La revocatoria constituye el escenario ideal para mantener el conflicto como estrategia política del gobierno y su partido, para nutrir la polarización que anula a los contrincantes restándoles legitimidad ante la ciudadanía, impide la construcción de acuerdos e impone decisiones unilaterales a los problemas nacionales. Además, es un mecanismo que mantiene al presidente en campaña rumbo a 2024 en la forma que él decida, con amplia base social y haciendo nugatorios los límites constitucionales establecidos para evitar la injerencia de servidores públicos en las elecciones, tal como ocurrió en 2021.
Otro efecto, está en las consecuencias que podrían ser devastadoras para el sistema electoral. Si la revocatoria tiene todas o menos casillas, si hay baja participación el domingo de ramos, 10 de abril, al INE se le imputará la responsabilidad y será el culpable. Cualquiera que sea el resultado será un catalizador para que el régimen impulse una de las reformas que pretende sea emblemática, la electoral.
El autor es profesor en UP y UNAM, especialista en materia electoral.