Profesor en UNAM y en UP. Especialista en temas electorales.

Reforma electoral pospuesta

La reforma sí tiene que provenir de un acuerdo amplio entre los actores políticos, considerar los diagnósticos de las autoridades electorales y de la academia.

La reforma electoral sigue siendo inminente, aunque es incierto el momento en el que dará inicio el proceso legislativo que modifique la Constitución y las leyes en materia electoral. Declaraciones recientes de legisladores morenistas indican que el tema será retomado después de marzo de 2022, una vez que concluya el ejercicio de revocación de mandato.

Atrás quedó la urgencia del partido mayoritario para desahogar una reforma que modifique la integración del Consejo General del INE y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ricardo Monreal en diversos momentos, al presentar su libro sobre nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral, ha dicho que el objetivo más relevante consiste en lograr que las autoridades electorales sean independientes, actúen con imparcialidad y se sometan a la legalidad.

Llaman la atención, también, las expresiones de Sergio Gutiérrez Luna en favor de que la reforma provenga de un proceso plural e incluyente que se nutra de la opinión de quienes han participado en candidaturas, de integrantes de organismos electorales y académicos, buscando darle la mayor legitimidad posible y, en esa ruta, la creación de una comisión para la reforma político-electoral de la Cámara de Diputados resulta pertinente.

Recordemos que desde el pasado 15 de junio, el propio presidente de la República ha sido enfático en señalar que presentará tres iniciativas de modificaciones constitucionales sobre aspectos sustantivos en materia eléctrica, Guardia Nacional y electoral. Veremos, entonces, en el juego interno y las definiciones de Morena y el gobierno cuáles serán las propuestas que se pongan sobre la mesa y el rumbo que seguirán.

Considero que los alcances y profundidad que tenga la reforma electoral, los temas que incluya y su destino final dependerá del rol que jueguen los grupos parlamentarios de los partidos de la oposición que ya enfrentaron el primer ácido en la negociación por las presidencias de las comisiones en la Cámara de Diputados, donde, al parecer, el PRI acordó por separado, como seguro lo hicieron todos los demás, con Morena, pero ello generó fricciones entre la coalición y suscitó inconformidades de MC.

La reforma sí tiene que provenir de un acuerdo amplio entre los actores políticos, considerar los diagnósticos de las autoridades electorales y de la academia. Los trabajos de la comisión que, al parecer, coordinará desde la Cámara de Diputados deben ser auténticos y transparentes, no un simulador que busque distraer la atención de la sociedad mexicana para imponer la defensa de intereses exclusivos de partidos y del gobierno.

Los partidos políticos, el mayoritario y los de la minoría, no deben olvidar la tremenda crisis de representación que viven ante su evidente alejamiento de los ciudadanos, de las personas que han confiado en ellos para crearlos y para darles votos que les permitieron integrar grupos parlamentarios; no pueden soslayar que no solo son las cúpulas que los dominan ni que solo son maquinarias electorales que buscan votos y posiciones de poder. Son, ante todo, organizaciones que deben rendir cuentas a la sociedad.

Reformar la Constitución y las leyes en diversas materias exige hacerlo con calidad y responsabilidad para generar mejores instituciones y procedimientos, no para deteriorar las que hay o para dar pasos de cangrejo en la ruta equivocada. El objetivo central de una reforma electoral debe consistir en mejorar el sistema nacional de elecciones en beneficio de las mayorías y de nuestra democracia.

El autor esprofesor en UP y UNAM, especialista en materia electoral.

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