A dos semanas de las elecciones, el INE y los OPLES trabajan en la parte más delicada de la logística comicial. Con datos que aún se actualizan, sabemos que se instalarán 162 mil 926 casillas con casi un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos que recibirán y contabilizarán los votos de 93.5 millones de electores en contiendas federales concurrentes con elecciones en las 32 entidades federativas, de las cuales 15 definen gubernatura.
Los comicios más densos organizados hasta el momento implican la renovación de 20 mil 415 cargos públicos en un clima de tensiones políticas, de lamentables hechos de violencia en contra de candidatas y candidatos y de casos de violencia política en razón de género que, acorde con datos oficiales, reporta 48 personas sancionadas en este rubro.
Los últimos 30 años registran hechos que han marcado el desarrollo de los procesos electorales y que constituyen prácticas que se alejan del Estado de derecho. Frente al compromiso de imparcialidad, de legalidad y de eficacia operativa y técnica de las autoridades electorales y ciudadanos que han integrado las casillas y observado el desahogo de los comicios están los operativos de compra y coacción del voto que no se han logrado erradicar en un ambiente de pobreza que lastima a muchas familias mexicanas. También los múltiples intentos de servidores públicos de diversos niveles que buscan influir en favor de candidaturas de los partidos a los que pertenecen.
El proceso en curso evidencia un ataque inédito y sistemático a la institucionalidad democrática construida desde la reforma de 1977 que impulsó el reconocimiento y defensa de la pluralidad política del país y su integración a los órganos legislativos. Las reformas sucesivas decantaron al actual sistema de partidos e hicieron posible que los acuerdos entre los actores políticos cristalizaran en la construcción de reglas e instituciones que organicen elecciones con imparcialidad y transparencia y garanticen una cancha pareja para que todos los contendientes tengan opciones reales de acceso a cargos públicos, por vía del voto ciudadano.
En esa ruta, la transición política mexicana hacia la democracia fue posible, en buena medida, por el respeto que los actores tuvieron a las reglas de la competencia previamente acordadas por la vía del consenso y que, entre otros aspectos, colocaron límites para que los gobernantes en turno no intervengan en la contienda, para que usen con imparcialidad y neutralidad los recursos públicos y para que no estén durante las campañas difundiendo logros de gobierno.
Las elecciones del domingo 6 de junio están precedidas del reconocimiento expreso que ya hizo el primer mandatario sobre su intromisión en el proceso, pese al mandato constitucional que le impone no hacerlo; así como de sus constantes declaraciones en contra de candidatos de partidos distintos a Morena, de las denuncias selectivas de las tarjetas rosas que no implican entrega de dinero o dádivas y cuyo uso ya fue validado por la autoridad jurisdiccional a propósito de las elecciones de 2017 en Coahuila, Estado de México y la campaña presidencial de 2018 de Ricardo Anaya.
En menos de dos semanas podremos saber cuál es el efecto concreto que tendrá la intromisión presidencial en las elecciones y de sus ataques constantes a los organismos electorales. También estaremos en posibilidad de valorar la cruzada que desde el poder ha roto los pactos de respeto a las mismas normas que regularon el proceso 2018 y permitieron la tercera alternancia en la presidencia. Están en juego no solo la multiplicidad de los cargos citados sino el futuro de la democracia mexicana, que tantas vidas, recursos y décadas le han costado a la sociedad mexicana edificar.