El Paquete Económico 2019
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El Paquete Económico 2019

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El Paquete Económico 2019

19/12/2018
Actualización 19/12/2018 - 9:52

El Paquete Económico que anualmente el Ejecutivo envía al Congreso para su revisión y, en su caso, aprobación, desglosa las fuentes y usos de recursos, los cuales considera necesarios para llevar a cabo su programa.

El plan de 2019 puede analizarse, al menos, desde dos ángulos. El primero y más común entre los comentaristas es el contable. Su principal indicador es el balance público, que mide la diferencia entre los ingresos y egresos del Gobierno.

Ese saldo es importante porque guarda relación con el ritmo de endeudamiento gubernamental y la percepción de su sostenibilidad. Así, un déficit elevado mantenido por mucho tiempo puede presionar las tasas de interés, conducir a más impuestos y hasta generar temores sobre un posible financiamiento inflacionario.

Aparentemente, la nueva administración buscó aumentar la confianza del público anunciando, en semanas anteriores, que perseguiría un superávit primario, es decir, un balance excluyendo el servicio de la deuda, de 1% del PIB. La confirmación de ese parámetro en el ejercicio presupuestal parece haber reducido las preocupaciones sobre una posible “irresponsabilidad” fiscal.

Además, la evaluación de los analistas ha tendido a ser positiva, con base en el argumento de que, en su opinión, los supuestos y las proyecciones incorporadas para tal balance son razonables. Al parecer, existía el temor de que se recurriría a premisas ostensiblemente contradictorias o imposibles. Ante ese estándar mínimo, la mayoría ha calificado el paquete como “sensato”.

Si bien, en tales circunstancias, el optimismo es lógico, la consistencia contable no puede garantizar el cumplimiento del plan. Las desviaciones pueden provenir, por lo menos, de dos causas.

Por una parte, con independencia de su aparente razonabilidad, los supuestos en los que se fincan las proyecciones sólo por excepción coincidirán con la realidad. Ello es así porque todo pronóstico tiene inherente un margen de error.

La discrepancia sería de particular consecuencia si se sobreestiman notablemente los ingresos. La variación podría provenir de factores múltiples, como una desaceleración de la actividad económica y la continuación de la caída de la extracción petrolera.

Por otra, la administración podría decidir voluntariamente desviarse de las proyecciones, por ejemplo, aumentando las erogaciones en sus rubros preferidos. En cualquiera de los casos, el Gobierno podría sacrificar el balance objetivo antes que adecuar el total o la mezcla de los desembolsos.

Un segundo criterio de análisis es el económico, el cual es más trascendental para las posibilidades de bienestar.

Desde esa perspectiva, importan el grado y la forma como el Gobierno interviene en la economía. Su participación puede alentar la actividad económica si se enfoca a construir un ambiente favorable para los negocios. Sin embargo, puede fácilmente inhibirla si desplaza al sector privado y desalienta el trabajo, la inversión y la productividad.

La reasignación del gasto y la mayor parte de los proyectos “prioritarios” del Paquete de 2019 no apuntan en la primera dirección y, en muchos casos, parecen más bien caer en la segunda.

Por ejemplo, sin descartar oportunidades de mayor eficiencia, en términos reales respecto a lo aprobado para 2018, el presupuesto combinado de las entidades relacionadas con la seguridad pública y la impartición de justicia disminuye, como lo hace el de la secretaría encargada de la infraestructura no asociada con las paraestatales.

En contraste, aumentan considerablemente los gastos de Pemex y CFE, en un contexto de freno a la reforma energética. Con mucho, la expansión más significativa se prevé para las secretarías encargadas de las transferencias a colectivos específicos.

Además, del gasto previsto para los proyectos prioritarios, menos de la quinta parte podría catalogarse como de infraestructura, destacando el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, cuya viabilidad y beneficio social neto no han sido esclarecidos.

El resto se destinaría a traspasos y, en menor medida, a subsidios para ciertas actividades productivas. En los primeros sobresalen los recursos destinados a apoyar a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, lo que podría conllevar el riesgo de premiar la falta de esfuerzo por encima de los méritos.

En suma, la razonabilidad de los supuestos del Paquete es insuficiente para otorgarle un veredicto positivo. Además de no garantizar el cumplimiento de las metas ante un escenario menos favorable, contrario a los que se postula, su diseño dista mucho de representar una posible herramienta para el desarrollo económico.

Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.