El jueves pasado, la Guardia Nacional (GN) inició operaciones especiales para impedir que los vehículos de las plataformas digitales (apps) recojan pasajeros en la zona federal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Esta medida fue la respuesta gubernamental a los bloqueos de tránsito organizados por las empresas concesionarias de taxis, en protesta por los servicios de las plataformas en el aeropuerto. Según un abogado de los permisionarios, el gobierno se comprometió, además, a no modificar la regulación que pudiera facilitar a las apps el traslado de pasajeros desde el aeropuerto, bajo la amenaza de que, en caso de incumplimiento, se reanudarían las movilizaciones.
Acciones similares para proteger a los concesionarios frente a la competencia de empresas como Uber y DiDi han ocurrido en el pasado, tanto en este como en otros aeropuertos del país. Las sanciones para los infractores pueden ser muy severas, incluyendo multas elevadas, el retiro de placas o el remolque del vehículo al “corralón”. Vale la pena señalar que las actuales medidas en el AICM se llevan a cabo a pesar de una suspensión definitiva concedida por una jueza federal dentro de un juicio de amparo iniciado por Uber, la cual aplica a todos los aeropuertos del país.
El origen del proteccionismo aeroportuario mexicano se encuentra en las disposiciones legales que establecen, para los aeropuertos, un sistema de concesiones cerrado a la competencia externa y con escasa competencia interna. Esto último se confirma, entre otros factores, por el requisito de autorización gubernamental de las tarifas cobradas al público, la virtual uniformidad de estos cargos entre concesionarios y los casos de colusión para fijar precios detectados por la extinta Cofece.
Como ocurre en cualquier mercado no competitivo, el principal perjudicado del sistema de concesiones ha sido el consumidor. Ante la ausencia de alternativas de transporte público y la necesidad de trasladarse, el usuario se ve forzado a elegir exclusivamente entre las empresas autorizadas por el gobierno. En ese entorno, el servicio suele ser limitado, con frecuencia insuficiente, y los precios más altos que los que prevalecerían en condiciones de competencia. Además, la calidad tiende a ser inferior, al existir pocos incentivos para la modernización y la eficiencia.
Con todas sus limitaciones, especialmente en comparación con los servicios que prestan en países más avanzados, las empresas de apps ofrecen una gama más amplia y ágil de servicios, con tarifas que responden mejor a las necesidades de los usuarios. Por desgracia, el gobierno ha vuelto a inhibir el acceso a estas opciones.
La precariedad del transporte desde los aeropuertos del país es un problema creado por el propio gobierno, por lo que solo a este corresponde resolverlo. Como en otras áreas de la política pública, el ejercicio del poder enfrenta un viejo dilema: continuar protegiendo a los grupos de interés conformados por las empresas concesionarias o decidirse a favor de la sociedad.
El acuerdo alcanzado a favor de los concesionarios la semana pasada no constituye una solución sostenible. La protección del valor económico de las concesiones, pieza central del arreglo, depende de limitar la competencia externa, lo cual va en sentido contrario al bienestar de los usuarios. Su supervisión resulta, además, altamente costosa, al distraer a las fuerzas policiales de su misión esencial de proteger la integridad física de los ciudadanos, en un contexto de elevada inseguridad en el país.
Algunos efectos no deseados del convenio podrían incluir el rebasamiento de las capacidades de la GN, el aumento del “pickup” clandestino, la corrupción entre supervisores y supervisados, y el eventual regreso de los bloqueos por parte de los concesionarios.
Por su parte, la opción a favor de la sociedad tiene el potencial de ser sostenible, pero requiere ir más allá de los argumentos que el gobierno ha utilizado reiteradamente para justificar el proteccionismo de las concesiones; por ejemplo, la “seguridad de los usuarios”, que en las plataformas digitales es monitoreada en línea, o el “cumplimiento de la ley”, cuyo contenido puede modificarse con relativa facilidad por el propio gobierno.
La aplicación de un enfoque social debería ser relativamente directa: eliminar las barreras de entrada para los competidores. Esto podría lograrse con un simple permiso para operar en un área accesible y segura, como ocurre en los aeropuertos más eficientes del mundo. Ante las graves deficiencias en la infraestructura del AICM, esta medida representaría, al menos, una atención mínima del gobierno a las necesidades de la sociedad.