El Paquete Económico 2026, actualmente en discusión en el Congreso, presenta debilidades similares a las de años anteriores, que profundizan la fragilidad de las finanzas públicas y limitan las posibilidades de un mayor progreso económico para el país.
Primero, Pemex seguirá representando una pesada carga para el erario. Desde 2019, el gobierno federal ha inyectado recursos a esta empresa con el propósito de aliviar sus elevados compromisos financieros. Para 2026, el plan contempla una transferencia de 263 mil millones de pesos, monto significativo por dos razones: representa casi el doble de lo aprobado para 2025 y, más importante aún, supera por primera vez los ingresos petroleros proyectados para el gobierno federal.
Desde 2005, la producción de petróleo de Pemex ha disminuido casi de manera ininterrumpida, ubicándose en 1.6 millones de barriles diarios (mbd) en 2025. Además, el gobierno suele sobrestimar la plataforma de producción. Según cálculos oficiales, esa sobrestimación en 2025 explicaría el mayor déficit presupuestario del sector público respecto al proyectado.
Para 2026, se prevé que los ingresos petroleros aumenten en términos reales, nuevamente bajo el supuesto de un repunte en la producción. Sin embargo, se estima que los correspondientes al gobierno federal se reduzcan. Esta desventaja podría acentuarse ante la ausencia de un plan convincente de Pemex para revertir el declive productivo.
Segundo, con el fin de ampliar los ingresos tributarios, el gobierno ha reiterado su intención de buscar “eficiencias” recaudatorias, entendidas como esfuerzos por combatir la evasión y la elusión fiscales. Si bien estos fines son legítimos, en ocasiones la autoridad ha recurrido a métodos extralegales para alcanzarlos.
Adicionalmente, contrario a lo sostenido oficialmente, el Paquete contempla incrementos de impuestos, algunos con efectos potencialmente adversos. Entre ellos destaca el aumento de la tasa de retención provisional sobre intereses, que pasaría de 0.50 a 0.90 por ciento. Aunque este incremento puede compensarse en la declaración anual, muchos contribuyentes de bajos ingresos carecen de los medios para presentarla. Además, la autoridad ha mostrado reticencia en agilizar devoluciones cuando son elevadas. Esto implica que la medida podría traducirse en un aumento efectivo de impuestos.
Asimismo, el Paquete se acompaña de una iniciativa legal para incrementar los gravámenes a las importaciones de países con los cuales México no tiene trata dos comerciales. Los mayores aranceles, que en algunos casos alcanzarían hasta 50 por ciento, afectarán tanto a consumidores como a productores nacionales que adquieran bienes e insumos de dichos países, reduciendo la competencia y los incentivos a la innovación en los sectores protegidos.
Tercero, el Paquete contempla un incremento real del gasto programable respecto a 2025 y prolonga la tendencia de asignar los recursos de manera ineficiente. Sobresalen los programas y proyectos “prioritarios”, entre ellos los crecientes compromisos de transferencias en efectivo a diversos grupos de interés, así como la inversión en proyectos emblemáticos, en detrimento de alternativas con mayor rentabilidad social potencial. Por ejemplo, el monto de inversión destinado al Tren Maya y otros trenes es más de cinco veces el asignado a carreteras y caminos.
Del mismo modo, como en años anteriores, el gasto en educación, salud y seguridad pública se mantiene, cada uno, por debajo del destinado a combustibles y energía, a pesar de que los primeros corresponden a funciones básicas del gobierno y pueden contribuir al desarrollo económico, mientras que el último ha mostrado grandes dosis de ineficiencia.
Cuarto, la deuda pública amplia (SHRFSP) como proporción del PIB ha tendido al alza desde 2009, hasta alcanzar 51.3 por ciento en 2024. Para 2025 y 2026, se estima que esta razón aumente a 52.3 por ciento. Con acierto, muchos analistas han advertido sobre los riesgos de que continúe la expansión de los pasivos del sector público, incluyendo un mayor costo de financiamiento y la posible pérdida del grado de inversión de la deuda soberana, con repercusiones negativas para la economía.
Menos sólida resulta la “solución” que algunos visualizan automáticamente en la forma de una reforma fiscal “integral”. Aunque es probable que tarde o temprano se adopte, corre el riesgo de convertirse en un remedio efímero ante la inercia de expansión y asignación ineficiente del gasto.
Una acción más eficaz consistiría en establecer límites a la ampliación de compromisos futuros de gasto público, así como en exigir la evaluación de proyectos por parte de una institución con credibilidad.