El Paquete Económico 2022, que la semana pasada envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación, mantiene la orientación de los ejercicios anteriores de la presente administración, caracterizada por una postura fiscal conservadora que admite ineficiencias significativas.
Específicamente, se preserva la tendencia de conservar bajos déficits fiscales, a pesar de la severa recesión provocada por las medidas para hacer frente al Covid-19. En particular, en términos del PIB, para 2022 se plantea un déficit presupuestario de 3.1 por ciento y un déficit primario, es decir, el que excluye el costo financiero de la deuda pública, de 0.3 por ciento.
Estas metas, además de resultar prácticamente iguales a las respectivas estimaciones para 2021, son congruentes con el mantenimiento de la deuda neta del sector público en 51.0 por ciento del PIB. Aunque se ubica por encima de las registradas antes de la pandemia, en gran medida, por el desplome y débil recuperación de la actividad económica, esta proporción apunta hacia una moderación, al ser inferior a la de 2020.
Obviamente, la contención prevista de la deuda pública no garantiza que su trayectoria de largo plazo sea sostenible, lo cual, en última instancia, dependerá de la solidez de las fuentes de ingreso para respaldar los crecientes compromisos de egresos.
Para 2022, se proyectan incrementos anuales de 1.3 y 1.5 por ciento, en términos reales, en los ingresos presupuestarios y el gasto neto pagado, respectivamente. Como en cualquier presupuesto, estas estimaciones dependen de los supuestos macroeconómicos utilizados, cuyo grado de acierto es imposible conocer de antemano.
Lo que sí sabemos son dos cosas. Primero, a nivel cualitativo, respecto a cualquier conjunto de supuestos, las metas presupuestales se dificultan si el crecimiento económico, el precio y la plataforma del petróleo y el tipo de cambio disminuyen, y si la tasa de interés aumenta, mientras que se facilitan si las desviaciones son las contrarias.
Segundo, dos premisas para 2022 requieren, en particular, una justificación mejor que la proporcionada. Por una parte, se postula que el PIB aumentará 4.1 por ciento, a pesar de que se calcula que durante el presente año el ‘rebote’ alcance 6.3 por ciento y que el ‘crecimiento potencial’ sea sólo de 2.4 por ciento.
Por otra parte, se plantea que la plataforma de extracción de crudo aumente a 1.826 millones de barriles diarios (mbd). Sin embargo, desde 2005 este volumen ha disminuido continuamente, y durante los primeros siete meses de 2021 ha promediado 1.677 mbd.
Más relevante que los pronósticos resulta la evaluación de las políticas económicas que subyacen en el ejercicio presupuestal. Del lado de los ingresos, destacan de forma positiva las modificaciones propuestas a la Ley del ISR, orientadas a simplificar el pago de impuestos de personas físicas con actividad empresarial y de pequeñas empresas, con ciertos máximos de percepciones para cada caso, con base en cuotas del ingreso bruto.
Esta iniciativa reconoce que el tiempo para cumplir con las obligaciones fiscales es muy alto en comparación internacional, por lo que, con la facilitación administrativa, se espera que aumente el costo relativo de la evasión y, con ello, el número de contribuyentes.
Asimismo, respecto a 2021, se calcula que los ingresos petroleros disminuyan, por un menor precio del crudo, y los no tributarios también lo hagan, por no existir la disponibilidad de fondos y fideicomisos a los que se acudió en años anteriores.
De ahí que el incremento proyectado en los ingresos presupuestarios dependa exclusivamente de un fuerte aumento de los ingresos tributarios. Dado que, al menos al inicio, el impacto del nuevo régimen fiscal probablemente será marginal, es posible que el gobierno continúe buscando la captación de recursos mediante el apretamiento de la fiscalización. Sin embargo, en la medida en que estas acciones se perciban como fuente de incertidumbre y arbitrariedad, la mayor recaudación podría inhibir la actividad económica.
Del lado del gasto, respecto al Presupuesto aprobado de 2021, sobresale de manera favorable el aumento real de 15.2 por ciento en el destinado a salud, tomando en cuenta el notable rezago de esa función en el marco de la pandemia.
Sin embargo, la orientación general de las erogaciones sigue obedeciendo a los ‘programas prioritarios’ basados mayormente en transferencias para propósitos diversos, sin una conexión clara con el combate de la pobreza, y los ‘proyectos prioritarios’ como el Tren Maya. Si bien se propone un aumento de la inversión física, la mayor parte se destina a Pemex, lo cual incluye la construcción de la refinería Dos Bocas cuya rentabilidad es cuestionable.
El autor es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).