A principios de este mes entró en vigor el control de precios para la provisión al menudeo del gas licuado de petróleo, conocido como gas LP, en México.
El esquema consiste en la fijación semanal de precios máximos de ese combustible por región y medio de venta. Específicamente, se distinguen 145 zonas y se listan cotizaciones por litro para los tanques estacionarios y por kilogramo para los cilindros metálicos.
Según la directriz de la Secretaría de Energía, esta disposición constituye una medida de emergencia social y de seguridad nacional, ante las “ventajas injustificadas” y “márgenes excesivos” de las empresas de distribución y comercialización.
Esta acción, que en principio se aplicará por seis meses, complementa otra de carácter permanente, que consiste en la creación de una empresa estatal, registrada como Gas para el Bienestar, cuya finalidad es vender cilindros de gas LP a los consumidores a un “precio justo”.
La nueva empresa será filial de Pemex y el objeto descrito en sus estatutos es muy amplio, incluyendo no solo la adquisición y comercialización del energético, sino actividades como la construcción de plantas de almacenamiento y la fabricación de bienes muebles para su distribución.
Las medidas descritas se añaden a los esfuerzos de la presente administración para detener el avance de la liberación incipiente del sector energético, a raíz de la reforma de 2013.
En materia de gas LP, la apertura incluyó, entre otros aspectos, el otorgamiento de permisos a los particulares para el transporte y distribución por ductos, así como para la comercialización al menudeo.
Asimismo, en enero de 2016 se abrió la importación de ese insumo al sector privado y, en enero de 2017, se liberaron los precios al consumidor para ser determinados por el mercado. Esto rompió con la práctica de imponer controles que había prevalecido, en diferentes modalidades, al menos, desde mediados del siglo pasado.
El presidente de la República ha argumentado que ambas iniciativas permitirán cumplir con su promesa de campaña de que el precio de los energéticos al consumidor no suba en términos reales.
Correctamente ha señalado que el gas LP es el único genérico dentro de esa categoría cuyo precio se ha separado de ese objetivo. En efecto, de diciembre de 2018 a julio de 2021, mientras que la variación acumulada de los precios del gas natural, de la electricidad y de las gasolinas fue menor que la inflación, el incremento del precio del gas LP más que ha triplicado la inflación.
Dado que una elevada proporción de petrolíferos es importada, los precios internos de los energéticos deberían reflejar las referencias internacionales. Sin embargo, los precios de las gasolinas y de la electricidad son determinados por el gobierno, lo cual ha permitido cumplir con la promesa presidencial, a un costo fiscal.
En contraste, en el periodo de referencia, mientras que el precio del gas natural de Texas se redujo, el del gas propano de Norteamérica, que integra el gas LP, se incrementó sesenta por ciento. Este comportamiento diferenciado refleja las distintas condiciones de mercado, incluyendo una abundante producción de gas natural en Estados Unidos y una creciente demanda de gas LP por parte de India y China.
Las medidas del gobierno son inadecuadas al ignorar que las presiones de precio del gas LP son principalmente externas. En tales circunstancias, los controles conllevan los riesgos de que se reduzca el abasto en zonas para las que la distribución no sea rentable y de que prolifere la corrupción. Un peligro adicional es que las empresas distribuidoras dejen de invertir en el mantenimiento y la ampliación de su infraestructura e, incluso, algunas se retiren y disminuya la competencia.
Además, el gobierno violó la Ley de Hidrocarburos que establece que la regulación de precios del gas LP requiere una declaratoria de la Cofece sobre la ausencia de condiciones de competencia, lo cual no ha ocurrido. Esta irregularidad puede desencadenar litigios contra el gobierno y hasta una controversia ante la SCJN por parte de la Cofece, comprometiendo recursos públicos.
Más importantemente, la creación de la empresa estatal implica erogaciones significativas de capital y de operación. Las limitaciones presupuestales y el actual descuido de áreas esenciales para el Estado, como la salud y la educación, hacen indefendible este proyecto.
Una alternativa preferible hubiera sido el reenfoque de los apoyos a la pobreza, así como la facilitación de los permisos para incrementar la competencia en el sector. La dedicación gubernamental a tareas empresariales y el cambio adverso en las reglas del juego abonan a la desconfianza de los inversionistas, en detrimento del crecimiento potencial de la economía.
El autor es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).
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