Profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana

El decretazo del Ejecutivo y el Estado de derecho en nuestro país

El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre es un salvoconducto para pasar por encima de la ley y llevar a la baja el nivel de Estado de derecho.

De acuerdo con el documento que integra el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, el Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente.

El mismo documento precisa que el Estado de derecho es un principio que vincula a autoridades y ciudadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros. Definitivamente es uno de los pilares sobre los cuales las sociedades pueden impulsar la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la democracia efectiva y la paz.

En pocas palabras, el Estado de derecho es una de las cláusulas fundamentales de un Estado constitucional democrático, como es el nuestro, pues exige que las relaciones jurídicas entre el Estado y el ciudadano sean reguladas por leyes generales, que sean unívocas, estables y previsibles, y que no solamente determinen la acción administrativa, sino que también confieran derechos susceptibles de ser exigidos, en caso de litigio, ante la autoridad jurisdiccional.

De esta cláusula se desprenden otras instituciones fundamentales para entender la forma en la que actúa el Estado y cómo se relaciona éste con los particulares. Tal es el caso del principio de legalidad, a través del cual se dota de contenido y límites a la actividad estatal. El marco legal es, en pocas palabras, el marco de actuación al que se circunscribe la actuación del Estado y del particular por igual, es por ello que se habla del imperio de la ley, porque ésta rige a gobernantes y gobernados por igual, porque las instituciones públicas y las privadas están obligadas a cumplirlas en igualdad de condiciones jurídicas.

Me preguntará usted, querido lector, ¿a qué viene todo este rollo?, ¿por qué tanta insistencia con este tema? Y tiene razón, mi insistencia viene a cuento por los resultados que hace apenas unos meses arrojó el citado Índice de Estado de Derecho 2020-2021, que es emitido cada año por World Justice Project y que toma como base diversos indicadores como los límites al poder público, combate a la corrupción, gobierno abierto, derechos humanos, orden y seguridad, reforzamiento en el cumplimiento de la ley, justicia civil y justicia penal, a partir del cual podemos advertir nuestro estancamiento en los últimos niveles de la tabla, en 2018 fuimos el lugar 92 de 113 países; en 2019, el 99 de 126; y para 2020 ocupamos el lugar 104 de un total de 128 países, circunstancia que no puede calificarse como un avance.

También retomo este resultado, que nos deja ver lo sensible del problema de nuestra problemática institucional de nuestro país en rubros como el cumplimiento de la ley, la transparencia y el combate a la corrupción, o el acceso y la impartición de justicia, porque desafortunadamente no dejamos de seguir cavando en esta zanja. Prueba de ello son las últimas disposiciones administrativas que emitió el Poder Ejecutivo federal mediante su acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre pasado, a través del cual se aventó la puntada de declarar de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura en múltiples sectores y que para no aburrirlo con una retahíla de materias y tipos de proyectos, podríamos resumir en tres, que actualmente se encuentran a cargo de la Secretaría de la Defensa, dígase el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles.

Usted me dirá, bueno, qué tiene que hayan catalogado a estos proyectos de seguridad nacional. Pues bueno, lo primero es que hay una Ley de Seguridad Nacional que indica lo que se puede considerar como materia de seguridad nacional en nuestro país y dentro de dicho catálogo no se encuentra lo que ordena el Ejecutivo en su acuerdo que sea considerado como tal, ello con independencia de que los efectos de que algo tenga el carácter de seguridad nacional, conlleva a que, por lo delicado de la materia, exista un régimen de excepción en cuestiones de transparencia y acceso a la información, así como en los esquemas de contratación pública, que habitualmente son eximentes de la celebración de licitaciones públicas.

Es curioso que se pretenda que estas obras de infraestructura quieran ser llevadas a esquemas de opacidad, contrarios al gobierno abierto y la transparencia o procedimientos de excepción que no permitan esquemas de contratación que fomenten la competencia y la libre concurrencia, cuando desde el punto de vista legal no se justifica.

Otro punto delicado que prevé este acuerdo es la instrucción directa a todas las dependencias y entidades de la administración pública para otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para los proyectos u obras señalados en el acuerdo, pero que básicamente se resumen por el momento en los tres que ya destacamos, con la finalidad de garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados, señalando que si no se emite en forma expresa, se tendrá por emitida transcurrido el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente.

En otras palabras, con independencia de la materia de que se trate, el proyecto deberá autorizarse de manera inmediata, sin contar con dictámenes o expedientes, sin justificaciones o estudios previos, eso ya se verá después. La autoridad podrá actuar antes que averiguar, podrá intervenir antes que justificar y esto último sí representa un riesgo mayor para el Estado de derecho, el Ejecutivo se ha otorgado un salvoconducto para pasar por encima de la ley o, mejor dicho, del orden legal. Se ha creado su propia fila exprés, porque todos los demás, es decir, todos los particulares e incluso las obras públicas que requieran tramitar el mismo tipo de autorizaciones, tendrán que sufrir toda la burocracia y el cúmulo de trámites previos.

No lo voy a aburrir más, querido lector. La verdad sea dicha, este acuerdo no abona a superar nuestro raquítico nivel de Estado de derecho como país, todo lo contrario, nos ayuda a seguir cavando aún más profundo. No es mi intención desanimarlo, solamente quiero darle a conocer esta situación, quiero dejar constancia del riesgo que estamos corriendo como nación cada vez que le damos la espalda al andamiaje legal que con mucho trabajo hemos construido y que bueno o malo, ha sido producto de nuestros propios ejercicios democráticos, a través de nuestros representantes que son los legisladores.

Juan Otero Varela

Dr. Juan Manuel Otero Varela

Profesor investigador y director académico del programa de Maestría en Derecho Administrativo en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UP; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

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