La reforma en materia energética… Un pasito para atrás

En una entrega previa habíamos comentado la necesidad de instrumentar políticas y estrategias que permitan incrementar la competitividad a nivel internacional de nuestro país, entre las cuales se advirtió que debe fomentarse el uso de energías renovables y aprovechar la diversidad y capacidad que México puede aportar en este rubro, que en los próximos años jugará un papel preponderante en el concierto global.

Lo anterior no es una medida improvisada, sino que responde a la necesidad de que México cumpla con los compromisos adoptados a la luz del Acuerdo de París, tendentes a realizar una transición energética que permita reducir sus emisiones nacionales de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático.

Los compromisos generados por nuestro país tenían por objeto incrementar la participación de energías limpias en la red eléctrica nacional, el fortalecimiento y la optimización de la infraestructura eléctrica, y el fomento de tecnologías innovadoras en los ámbitos de almacenamiento y de redes inteligentes.

En buena medida, la reforma estructural del sector energético implementada por la administración anterior buscó cumplir con estos objetivos, abriendo la generación y la comercialización de la energía eléctrica, para contar con un mercado competitivo y eficiente, con una infraestructura diversificada y tecnológicamente actualizada, que privilegiara su descarbonización y el uso de fuentes renovables, tal y como lo establece la Ley de Transición Energética.

Para lograr lo anterior, se estableció una arquitectura institucional que permitiera generar condiciones de participación de la inversión privada en el mercado, en condiciones de igualdad y competencia que, si bien son perfectibles, tienen como fin atraer la inversión a nuestro país, hacer más eficiente a este sector y cumplir con los compromisos adoptados en materia de cambio climático, sin desproteger la cobertura de las necesidades del usuario final durante esta transición.

Esta arquitectura planteó la transformación de Pemex y CFE como organismos públicos encargados de esta actividad, en empresas productivas propiedad del Estado, es decir, les dio la calidad de un agente económico más en sus respectivos mercados, dejando en manos del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Energía, la política pública en la materia, así como la creación de diversos órganos reguladores, dotados de cierta autonomía técnica para regular dichas actividades, tal es el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), entre otros.

Es una realidad que la actual administración se ha declarado opositora a la política que hasta el día de hoy guarda el sistema energético de nuestro país y en otras ocasiones ha buscado ralentizar sus efectos e incluso modificar ciertas condiciones económicas previstas en las relaciones contractuales suscritas con los inversores privados, medidas que en su momento fueron combatidas por la vía judicial y actualmente se encuentran suspendidas.

Con el primer día de este mes se presentó una nueva iniciativa de reformas a la Constitución Política, a través de la cual el presidente busca modificar los artículos 25, 27 y 28, para desarticular el sistema energético configurado a partir de la administración anterior, aunque ha aprovechado el viaje y la iniciativa involucra a ambos subsectores, es decir, abarca tanto al eléctrico, como el de hidrocarburos.

Algunos de los puntos esenciales de la iniciativa presentada buscan claramente empoderar a la CFE y devolverle el control sobre el Sistema Eléctrico Nacional; propone cancelar los contratos y permisos otorgados al sector privado; revertir la separación horizontal y vertical de la CFE, modificando el modelo corporativo adoptado a través de filiales y subsidiarias para la apertura del mercado eléctrico; eliminar los certificados de energía limpia, prescindiendo de un instrumento creado para fomentar la inversión en energías renovables; suprime a la CNH y a la CRE como órganos reguladores del sector; incorpora a su estructura orgánica al Cenace, con lo que la CFE estaría facultada para operar la red nacional de transmisión y el sistema eléctrico del país, lo que permitiría impulsar el objetivo de que produzca y comercialice 56 por ciento de la electricidad generada del país, dejando en manos de aquellos particulares que cumplan con los términos y condiciones que este ente público determine. Finalmente, la reforma establece la explotación del litio como una actividad exclusiva del Estado mexicano, que no podrá ser concesionada a particulares debido a su importancia estratégica para el país.

Esta iniciativa ha sido calificada como una de las más relevantes de esta administración, sin embargo, lo que resulta preocupante son las consecuencias de su instrumentación, no solamente porque significaría regresar al esquema que se quiso abandonar con la finalidad de dar cumplimiento a ciertos compromisos internacionales, así como lograr una efectiva transición energética. También significaría afectar sensiblemente la confianza del inversionista extranjero en nuestro país y su imagen como un estado moderno, respetuoso de la cláusula de Estado de derecho, garante de la certeza y la seguridad en las relaciones jurídicas que se generan entre el Estado y los particulares.

Finalmente, esta reforma representará muchos costos, posiblemente más que los generados con el tema del aeropuerto al principio de este sexenio, seguramente repercutirá en las finanzas públicas y, consecuentemente, en nuestros bolsillos, pero también afectará aún más nuestra imagen como agente competitivo, respetuoso y estable de sus políticas, compromisos y transacciones nacionales e internacionales. Lo que también sigue poniendo en riesgo nuestras oportunidades de desarrollo y crecimiento a futuro.