Profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana

México y su rumbo en la competitividad internacional

Un país competitivo es aquel que más allá de las posibilidades con las que cuenta gracias a sus propios recursos y capacidades, resulta atractivo para el talento y la inversión.

¿Qué significa que un país sea competitivo? ¿Cómo se mide la competitividad de un país? ¿Cuáles son los países más competitivos? ¿Cómo se encuentra México situado en este rubro? ¿Qué puede hacer nuestro país para mejorar?

Estas y otras preguntas son atendidas por el Imco, que hace una semana dio a conocer el Índice de Competitividad Internacional 2021 (ICI).

De acuerdo con este estudio, un país competitivo es aquel que más allá de las posibilidades con las que cuenta gracias a sus propios recursos y capacidades, resulta atractivo para el talento y la inversión, y de esta forma está en condiciones de alcanzar una mayor productividad y generar bienestar para sus habitantes.

La definición propuesta permite advertir de inmediato las ventajas que tiene ser percibido como un país competitivo, pues la atracción de talento e inversión posibilita la construcción de mejores escenarios a futuro y una mayor adaptabilidad ante entornos adversos como el que estamos viviendo a nivel global.

De acuerdo con lo expuesto en el estudio, los países más competitivos cuentan con una mayor capacidad de implementar herramientas de política pública para reactivar sus economías y así mitigar pérdidas en el bienestar de la sociedad; también serán los que están en mejores condiciones para adoptar los aprendizajes para la contención de los contagios en el futuro próximo, así como para encontrar nuevas formas de combinar el trabajo a distancia y el presencial, además de fortalecer el proceso educativo con el uso de herramientas tecnológicas, mitigando choques adversos como los que ha traído consigo la pandemia.

Para efectos de medir la competitividad de los países, el ICI mide la capacidad de las 43 economías más importantes del mundo para generar, atraer y retener talento e inversión, para lo cual analiza 85 indicadores categorizados en 10 subíndices que evalúan distintas dimensiones de la competitividad de los países considerados, a saber: Sistema de derecho confiable y objetivo; Manejo sustentable del medio ambiente; Sociedad incluyente, preparada y sana; Sistema político estable y funcional; Gobiernos eficientes y eficaces; Mercado de factores eficiente; Economía estable; Sectores precursores de clase mundial; Aprovechamiento de las relaciones internacionales; Innovación y sofisticación en los sectores económicos.

Para la edición 2021 del ICI, el país más competitivo fue Noruega, mientras que Nigeria ocupó la última posición, ubicándose en el lugar 43, siendo el único país que obtuvo una categoría de competitividad determinada como muy baja. Canadá es el país mejor situado del continente americano, ubicado en el lugar 14, con un nivel de competitividad media alta y de Latinoamérica el país mejor rankeado es Chile, en el lugar 24, categorizado con una competitividad media baja.

En el caso de México los resultados arrojan un descenso de dos posiciones en el ranking respecto de la edición anterior, cayendo en el lugar 37 de los 43 posibles, encabezando el nivel de competitividad baja de los países que se encuentran en ese grupo, entre los que se encuentran Brasil (38), Sudáfrica (39), Argentina (40), India (41) y Guatemala (42).

La falta de competitividad internacional ocasiona la pérdida de oportunidades como país y también incide negativamente en la sociedad, afecta la retención de talento humano dada la falta de oportunidades de empleo o incluso que éste se encuentre bien remunerado. También inhibe la participación de inversionistas, que ante la falta de seguridad física y jurídica prefieren voltear a otras latitudes.

Finalmente, la falta de competitividad incide en la percepción de bienestar social dado el bajo poder adquisitivo, la falta de oportunidades y de certeza jurídica, la migración a otros países, así como la afectación al Estado de derecho, que puede acarrear una mayor inseguridad y riesgos de corrupción.

Es por ello por lo que, además de atender las acciones concretas propuestas por el Imco en el índice objeto de comentario, tendrían que generarse políticas que brinden certeza jurídica al sector productivo, de tal manera que pueda recuperarse la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.

Debe fomentarse el uso de energías renovables y aprovechar la diversidad y capacidad que México puede aportar en este rubro, que en los próximos años jugará un papel preponderante en el concierto global, de cara a políticas económicas, sociales y urbanísticas resilientes con el medio ambiente y las medidas de mitigación de cara al cambio climático.

Finalmente, debe apostarse por extender la conectividad y el uso de TIC, tanto para el uso particular de la población como para hacer más eficiente y transparente la gestión de trámites ante las instancias gubernamentales, la prestación de algunos servicios públicos, así como el pago o el otorgamiento de apoyos con cargo a recursos públicos, de tal manera que sea fácil su rastreo y aplicación por los beneficiarios de los mismos.

Con independencia de que podamos estar de acuerdo o no con los resultados que arroja el ICI, de que podrían agregarse otros rubros o de que se adviertan otros datos, cada uno de los subíndices que aborda son de gran relevancia política, económica y social. Debemos reflexionar cómo podemos implementar acciones que reviertan esta percepción negativa de nuestro país o bien, dicho de otra manera, que nos permitan incrementar nuestros niveles de competitividad. Todo es perfectible y reconsiderar objetivos y metas, reevaluar políticas y ajustar rumbos es parte del arte de gobernar.

Juan Otero Varela

Dr. Juan Manuel Otero Varela

Profesor investigador y director académico del programa de Maestría en Derecho Administrativo en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UP; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

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