Profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana

Un nuevo Índice de Riesgo de Corrupción en las compras públicas

El IRC tiene por objeto crear un mapa de los riesgos de corrupción en las compras públicas según el grado de cumplimiento de los entes públicos de referencia.

De acuerdo con Compranet, en 2020, el presupuesto ejercido mediante adjudicaciones directas representó 43%, mientras que por licitación pública alcanzó el 40%, siendo la primera vez que se observa este desequilibrio en dicha plataforma.

La semana pasada se dio a conocer por el IMCO un Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) vinculado con las compras públicas en nuestro país, como una herramienta diseñada para medir malas prácticas y problemas potenciales de corrupción en las compras públicas de 278 instituciones federales registradas en Compranet, a través del cual se asignó a las distintas entidades y dependencias públicas un puntaje que iba de 0 a 100, indicando un mayor riesgo de corrupción mientras más grande fuera el número asignado.

El IRC tiene por objeto crear un mapa de los riesgos de corrupción en las compras públicas, según el grado de cumplimiento de los entes públicos de referencia en tres principios determinados por el propio IMCO como rectores para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos, que a su juicio son: la libre competencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley.

Con motivo de este estudio, el IMCO observó diversos hallazgos durante el ejercicio 2020, entre los que destaca un aumento del riesgo de corrupción en 59% de las instituciones federales y en 66% de las instituciones de salud con respecto a 2018; prevalencia de compras públicas sin competencia en las instituciones federales; el monto asignado por adjudicaciones directas es del 99% en el caso de Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (BIRMEX) y del 72% en el caso de la Secretaría de Marina (Semar); incumplimientos con la publicación de los documentos de cada compra, como el caso de Secretaría de la Defensa, que en 66% de las adjudicaciones directas que realizó, no se cuenta con el documento del contrato publicado; compras públicas con plazos cortos y publicación tardía, contrario a lo establecido en la ley, como es el caso del de los procedimientos licitatorios del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), que se instrumentaron con plazos más cortos que los establecidos en la ley, entre otros hallazgos.

Entre los datos que son dignos de resaltar en este estudio se encuentra una creciente obstaculización de la libre competencia del sector productivo en las compras públicas debido a que, acorde a la información prevista en Compranet, nada más en el 2020, el importe del presupuesto ejercido mediante adjudicaciones directas ascendió a más de 205 mil 195 millones de pesos, lo que representa 43% del monto contratado en todo el año, siendo que durante el mismo período, las compras realizadas por licitación pública alcanzaron apenas el 40%, destacando que por primera vez en la historia de esa plataforma electrónica los recursos destinados a adjudicaciones directas fueron mayores a los contratados mediante licitaciones públicas.

Otro dato expuesto por el IMCO y que ejemplifica la problemática es el volumen de recursos adjudicados a empresas de reciente creación entre 2018 y 2020, es decir, que fueron constituidas menos de un año antes de recibir un contrato, que representa más de 4 mil millones de pesos, destacando que se contrató por más de 256 millones de pesos a empresas con inexistencia de operaciones de acuerdo con el listado del SAT, es decir, empresas conocidas popularmente como fantasma.

Como consecuencia de este estudio, de acuerdo con el IMCO, el puerto ubicado al sur del Océano Pacífico, API Salina Cruz con 100 puntos de 100 y Birmex con 63 puntos de 100, son las instituciones con el mayor puntaje en la falta de competencia. Esto se debe, principalmente, a la falta de concursos en las compras públicas realizadas durante 2020.

Por su parte, el Insabi ocupó la posición número uno en falta de transparencia, con un puntaje de 33 de 100. Esto se explica por la falta de publicación de información en Compranet, que representa el 24% de sus operaciones de compra en el ejercicio 2020, es decir, más de 4 mil millones de pesos sin documentación pública para verificar los insumos adquiridos, en su mayoría medicamentos y productos farmacéuticos.

De igual forma, la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos obtuvo un puntaje de 66, lo que la ubica en la posición uno en el incumplimiento de la ley, toda vez que 68% de los concursos realizados por esta comisión tuvieron plazos cortos, lo que significa que los proveedores no contaron con el número de días establecidos en la ley para presentar una propuesta, además de que el 85% de las compras fueron publicadas en Compranet después de la fecha de inicio del contrato.

Finalmente, también es de hacer notar a las instituciones que durante el período analizado obtuvieron los puntajes más bajos de riesgo de corrupción, entre los que destaca en primer lugar la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (COFAA), con 0 puntos de 100; el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS), con 1.29 puntos de 100; el Instituto Nacional de Estadística Y Geografía (INEGI), con 2.9 puntos de 100 y CAPUFE con 4.5 puntos.

Usted se preguntara, para que tener un índice con estas características, si ya se cuenta con muchos rankings, estudios, indicadores y demás instrumentos que aportan información acerca de la corrupción en nuestro país y tiene razón, sin embargo, existen algunas ventajas que pueden advertirse de este estudio, la primera de ellas es que su metodología y análisis está construido partiendo de elementos generados a partir de la realidad específica de nuestro país, cuestiones que son o deberían ser importantes para nosotros los mexicanos; la segunda razón atiende a que genera un mapeo de los riesgos en las contrataciones de nuestras instituciones, lo que permite generar en las instancias normativas posibles estrategias de política pública para combatir estas pareas de riesgo y, por el otro lado, arrojan elementos de análisis que pueden traducirse en acciones de auditoría y control específicas, tanto en el ámbito preventivo, como en el correctivo.

Juan Otero Varela

Dr. Juan Manuel Otero Varela

Profesor investigador y director académico del programa de Maestría en Derecho Administrativo en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UP; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

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