Profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana

La honestidad ineficiente… también es corrupción

El 87% de la ciudadanía consultada piensa que hay corrupción en el gobierno, siendo este resultado inferior al 91% de encuestados que advertía esta circunstancia en 2017.

Si tuviéramos que evaluar a las autoridades encargadas de la adquisición de medicamentos, tendríamos que acusar su ineficiencia para cumplir con el acceso efectivo al derecho a la salud. La ineficiencia también es corrupción.

A usted ¿cuál es el problema que le preocupa más de nuestro país? La respuesta a ésta, entre otras muchas preguntas, fue dada a conocer en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ENCIG, 2019, presentada el 21 de mayo de 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De la lista de preocupaciones rescato los primeros dos lugares, el primero corresponde a la inseguridad y la delincuencia en nuestro país, por lo menos eso opina 78 por ciento, mientras que nuestra segunda gran preocupación la ocupa la corrupción, con 52 por ciento de los encuestados.

La propia encuesta destaca que al menos 87 por ciento de la ciudadanía consultada piensa que hay corrupción en su gobierno, siendo este resultado inferior al 91 por ciento de encuestados que advertía esta circunstancia en 2017, lo que nos permite coincidir con lo que ya informó la entonces secretaria de la Función Pública, la doctora Sandoval Núñez, destacando esta sensible baja en la percepción como su más grande logro al frente de dicha dependencia.

Solamente para poner en perspectiva internacional nuestros avances, menciono un indicador que no forma parte de los que referí en mi anterior participación, nada más para advertir que, a pesar de que pueda haber otros datos, estos son coincidentes, The Global Economy, sitio que recopila los datos de más de 200 países en distintos rubros, destaca que para 2019 México se hallaba en el sitio 146, de un total de 192 puestos, en el rubro de control de la corrupción, junto a países como Mozambique, Honduras o Paraguay.

En este mismo sitio, la medición del grado de eficiencia gubernamental de nuestro país ha ido disminuyendo radicalmente, desde 2012, año en que registró su mejor posición desde 1996, ubicándose en el lugar 67 de 192 países, para pasar en 2016 al lugar 77; en 2017 al 89; en 2018 al 97 y en 2019 al 102, en todos los casos de un total de 192 países.

Aunque en la percepción del mexicano ha disminuido y, aunque es una realidad que se trata de un mal que desde hace muchos años nos aqueja, como lo ha hecho ver el presidente López Obrador, el problema de corrupción no puede ser el pretexto para hacer un gobierno ineficiente.

Tener políticas de contratación de servidores públicos y de actuación de los mismos, que den cuenta de su integridad y honestidad, no pueden convertirse en el único criterio de selección y contratación, la eficiencia y la eficacia no están peleadas con la experiencia, el conocimiento técnico y el profesionalismo. La ciudadanía no puede ni debe caer ante la narrativa de preferir un gobierno honesto, aunque sea ineficiente.

Este tipo de discurso nos muestra otra forma de corrupción, no se puede decir “no tiene experiencia, pero es honesto”; “no conoce bien la actividad, pero es incorruptible”, “no esta capacitado, pero es de toda mi confianza”, este tipo de razones nos han dañado profundamente por años, son una forma de corrupción y tal vez una de las más graves, son las corrupciones que pueden cobrar vidas, como en el caso de la Línea 12 del Metro o la política sanitaria ante el Covid-19, por poner algunos ejemplos en este rubro, aunque existen muchos otros.

Cualquiera de estos ejemplos resulta indignante, incluso por encima de las innumerables pifias a las que tristemente estamos acostumbrados gracias al cinismo total y la impunidad con la que buena parte de nuestra clase política se conduce, pero no podemos dejarnos engañar con el discurso de preferir la honestidad a la eficiencia y bajo ese argumento permitir cualquier clase de inconsistencias y errores.

Un ejemplo claro de lo anterior se puede advertir en el desabasto de medicamentos e insumos que, si bien es un problema público de años, se han agudizado a partir de finales de 2019, por múltiples razones, una de las primeras haber querido consolidar en la Secretaría de Hacienda la compra de medicamentos, que resultó un error estratégico, al no haber considerado su desconocimiento acerca del mercado, la logística de entregas de los bienes a lo largo y ancho de la República y los tiempos de respuesta, entre otros factores, olvidando incluso los criterios de eficiencia y eficacia, para observarlos bajo el prisma de la economía y de los mejores precios.

De acuerdo con el mapeo del desabasto de medicamentos en México del Informe de Transparencia en Salud 2019-2020 del colectivo Cero Desabasto, en 2020 se advierte que el número de casos de falta de acceso o no surtimiento se mantuvo al alza aun cuando las atenciones de salud para pacientes no Covid disminuyeron considerablemente. Esta situación ha lastimado severamente a las familias mexicanas, no sólo por la pérdida de familiares, sino porque a muchos pacientes la falta de medicamentos los coloca en una condición de incertidumbre y vulnerabilidad.

Recordemos que el principio de eficiencia, en términos administrativos, se entiende como la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función, mientras que, en términos económicos, consiste en la forma en la que se utilizan los recursos productivos a fin de satisfacer ciertas necesidades.

Si tuviéramos que evaluar la eficiencia de las unidades administrativas encargadas de la adquisición de medicamentos e insumos para la salud en nuestro país, tendríamos que acusar su ineficiencia para cumplir con un objetivo que para muchas personas representa una condición de vida, además de su acceso efectivo al ejercicio de su derecho a la salud; No nos dejemos engañar con la narrativa del combate a la corrupción y con criterios que privan lo económico por encima de la eficiencia, la eficacia y la oportunidad en la prestación de los servicios. La ineficiencia también es corrupción.

Dr. Juan Manuel Otero Varela

Profesor investigador y director académico del programa de Maestría en Derecho Administrativo en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UP; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

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