Profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana

Estado de Derecho en México … ¡obedézcase, pero no se cumpla!

La ley se obedece en México, pero no se cumple, reconocemos que emana de un poder público, pero no la aplicamos o la hacemos inoperante.

Combatir la corrupción es una tarea de todos nosotros, no podemos pretender que el gobierno nos cambie, ni esperar que éste último cambie para que nosotros cambiemos, debemos hacer el esfuerzo personal de cambiar, para poder participar y exigir un cambio.

Durante el virreinato existía la posibilidad de dejar de aplicar ciertas ordenanzas reales cuando se acreditara que podían transgredir derechos o costumbres de una determinada región, indicando que tal disposición debía obedecerse, pero no cumplirse.

Actualmente parece suceder algo similar, la ley se obedece en México, pero no se cumple, reconocemos que emana de un poder público, pero no la aplicamos o la hacemos inoperante, como cuando circulamos en un vehículo que contamina, pero contamos con un holograma que indica formalmente lo contrario o construimos un edificio o de un puente del metro con materiales de baja calidad o sin cumplir las especificaciones estructurales, pero contamos con dictámenes y licencias que avalan su cumplimiento.

Esta actitud puede atribuirse a nuestras autoridades, pero también es posible retratarnos en ella como sociedad, buscando evadir el cumplimiento de una norma, cuando su contenido no va con nuestros intereses o incide negativamente en nuestra esfera jurídica.

El problema de esta actitud ante la ley y su cumplimiento es grave, destruye el Estado de Derecho y fomenta la corrupción, la impunidad y la desconfianza institucional, no en valde María Amparo Casar en su estudio “México: Anatomía de la Corrupción” editado en 2016 por Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, el IMCO y el CIDE, destaca que 8 de cada 10 personas consideran que México está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en beneficio propio y solo 2 piensan que es en bien del pueblo.

Los resultados en los índices internacionales no son alentadores, a pesar de registrar ligeros avances en los últimos años, por ejemplo, el “índice de percepción de la corrupción” realizado por Transparencia Internacional en 2020, nos sitúa en la posición 124 de 180 países evaluados, es decir, seis lugares menos respecto de 2019 y catorce respecto de 2018, sin embargo, aún nos encontramos muy por debajo de la media.

El “Índice Global de Impunidad 2020” realizado por la Universidad de las Américas Puebla, advierte que de la medición de los sistemas de justicia y seguridad y el grado en que se respetan los derechos humanos, México se ubica continuamente entre los 10 países con niveles más altos de impunidad, toda vez que en 2015 se posicionaba en el lugar 58 de 59 países; en el 2017, el 66 de 69 países y ahora se encuentra en la posición 60 de 69 países, sin embargo, tales resultados se deben a variaciones de otros países.

Finalmente, aunque no por ello menos relevante, quiero llamar su atención a lo que se conoce como “Índice de Estado de Derecho”, que es emitido cada año por World Justice Project y que toma como base diversos indicadores como los límites al poder público, combate a la corrupción, gobierno abierto, derechos humanos, orden y seguridad, reforzamiento en el cumplimiento de la ley, justicia civil y justicia penal, siendo de destacar nuestro estancamiento en los últimos niveles de la tabla, en 2018 fuimos el lugar 92 de 113 países; en 2019, el 99 de 126 y, para el 2020, ocupamos el lugar 104 de un total de 128 países, circunstancia que no puede calificarse un avance.

Ante estos resultados necesitamos realizar un combate efectivo a la corrupción y la impunidad, cumplir la ley y respetar, fortalecer y profesionalizar nuestras organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas. Esta lucha no es responsabilidad únicamente del sector público, también le corresponde a la sociedad y al sector productivo participar directa y activamente en esta tarea y en las decisiones públicas.

Con la reforma constitucional de 2015 se buscó hacer partícipe al sector privado de la lucha contra la corrupción, mediante la sanción de actividades vinculadas con el tráfico de influencias, soborno, presentación de información falsa para obtener un beneficio, entre otros actos que pudieran ser constitutivos de faltas administrativas graves, reconociendo que para que haya corrupción se requiere de la participación de al menos dos partes, incluso se instituyó un Comité de participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción, que por falta de voluntad política no ha funcionado como debe.

También se establecieron políticas de integridad al interior de las organizaciones privadas, que comprenden la generación de códigos de conducta publicados y socializados, manuales de organización y procedimientos detallados, sistemas de denuncia, control y vigilancia de sus actividades, transparencia y publicidad de intereses, procesos de contratación de recursos humanos y programas de capacitación adecuados.

Lo que es una realidad es que ninguna ley nos va a cambiar mágicamente, ninguna norma que diga que a partir de mañana seremos más consientes y responsables nos servirá. Los valores éticos, la conciencia cívica, la participación ciudadana, la integridad no son actitudes que se puedan generar de manera espontánea, deben interiorizarse, deben formar parte de nuestro actuar deliberado y consciente, debemos buscar vivir esta experiencia.

Juan Otero Varela

Dr. Juan Manuel Otero Varela

Profesor investigador y director académico del programa de Maestría en Derecho Administrativo en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UP; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

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