El financiamiento privado de las campañas ha precorrompido a nuestros políticos, quienes no pueden reconocer los sobornos explícitos porque no parecen diferentes a las operaciones que hacen todos los días: Zephyr Teachout .
Zephyr Teachout fue candidata del Partido Demócrata a gobernadora de Nueva York en contra de Andrew Cuomo en 2014, y perdió. En 16 perdió para ser congresista de Estados Unidos contra el republicano John Faso. También buscó ser procuradora general del estado de Nueva York en 2018 pero perdió la nominación de su partido contra Letitia James.
Teachout hubiera sido una gran gobernadora, diputada o procuradora. En agosto 19 de 2018, la junta editorial del New York Times manifestó apoyo a su candidatura. "La oficina es un muro de fuego en contra de un presidente fuera de control y un gobierno del Estado históricamente corrupto".
La abogada de 48 años, oriunda de Seattle, es profesora en la Universidad Fordham. Su discurso se ha construido alrededor del financiamiento de las campañas.
En Estados Unidos, los políticos que participan en una elección pueden recibir aportaciones privadas, que se registran. Los PAC (Comités de Acción Política) son organizaciones reconocidas por el servicio de impuestos de Estados Unidos para recibir donaciones y apoyar políticos en campaña, así como manifestar apoyo o repudio a propuestas legislativas. Los PAC, una idea virtuosa, se ha pervertido en algo llamado SuperPAC, que son conglomerados que pueden recibir dinero ilimitado individuos, empresas, corporaciones, sindicatos u otros PAC, sin tanta transparencia como estos últimos.
Los politólogos amigos de esta columna no les gusta el sistema de financiamiento de las campañas de Estados Unidos. Sin embargo, tiene sus ventajas. Al menos, los grupos de interés que están atrás de un candidato o de ciertas políticas, tienen que transparentar su interés y la inversión que están haciendo en favor de sus candidatos. Hay que reconocer que el PAC original era transparente, y el SuperPAC no lo es, lo cual molesta profundamente a candidatos que no quieren ataduras con intereses, como la abogada Teachout.
Hasta ahí de política estadounidense. En los últimos días, hemos oído una discusión agria entre partidarios del presidente de México y sus opositores políticos, respecto al financiamiento electoral. Por un lado, Emilio Lozoya le dio voz a algo que todo México intuía: que la campaña de Enrique Peña Nieto recibió recursos procedentes de Odebrecht, mismos que se repagaron con contratos y recursos en efectivo provenientes de Pemex. Hubo indignación entre algunos de los políticos mencionados. Sin embargo, salió también evidencia fílmica que David León, Pío López Obrador y una concuña del presidente hicieron llegar recursos abundantes a Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato. Todo México lo sospechaba, ya que no era verosímil que AMLO hiciera campaña durante 18 años sin reportar fuentes de ingreso.
Esta columna aboga por un sistema de campañas que acepte donaciones privadas, siempre que se compruebe el origen lícito de los recursos y se haga explícito, en un registro público, qué interés es el que impulsa quien entrega el dinero. Los consejeros politólogos de esta columna están totalmente en desacuerdo con su autor, un economista, porque no consideran que ese sistema lleve a nada bueno; acaba convirtiéndose en un sistema opaco como los SuperPAC y el empoderamiento de políticos populistas o poco serios, como Donald J. Trump.
Sin embargo, un sistema electoral que no está dispuesto a perseguir el financiamiento privado de las campañas, aunque esté prohibido, nos pone en la peor de las circunstancias como ciudadanos, porque la prohibición es absolutamente letra muerta. No es el sistema japonés, en donde la publicidad electoral se limita a un corcho tras un vidrio en las estaciones de tren, con documentos pequeños y breves de publicidad política. Es el sistema mexicano, que puede recibir financiamiento de gobiernos corruptos, crimen organizado e intereses inconfesables.
Una reforma electoral debe permitir el financiamiento privado, con los debidos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Ello reduciría el costo de las elecciones. En un sistema de supervisión ideal, también puede mantener a raya los recursos de procedencia ilícita. Un sistema que además prohíba a candidatos, gobiernos y partidos hacer transacciones en efectivo, podría darnos elecciones más competitivas y honestas.