Durante el fin de semana, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México obsequió a 61 ciudadanos, entre ellos a Ricardo Salinas Pliego, magnate, y José Torra, economista, un oficio en el que les solicita que borren de sus cuentas de la red social X, antes Twitter, una serie de comentarios mediante los cuales presuntamente insultan a la senadora de la República Citlalli Hernández por sus características físicas.
También, durante el fin de semana, el INE obsequió a la politóloga Denisse Dresser y al medio Latinus una instrucción parecida, ya que el 15 de agosto en ese medio, la politóloga, hablando de la diputada Andrea Chávez, la acusó de corrupción por usar una aeronave oficial para transportar a su familia. Dresser dijo, como lo habían hecho otros, que la diputada mantenía una relación sentimental con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien es hoy uno de los candidatos a coordinador de la cuarta transformación.
Las instrucciones del INE contra estos ciudadanos, que no se dedican a la política ni son funcionarios, están fuera de sus atribuciones. Los códigos penales locales contienen tipos específicos para la difamación y los insultos. Si las señoras Chávez y Hernández se sienten injuriadas, insultadas, ofendidas o difamadas por estos comentarios, la justicia del fuero común es la vía que el derecho mexicano tiene para que un juez en la materia conozca de los hechos, previa investigación del Ministerio Público, y tome decisiones de culpas y sanciones.
Insultar a otros es violencia, y es de mal gusto. Las leyes establecen grados para la violencia, y la violencia verbal es un grado menor de violencia comparada con la violencia física. El mal gusto no está regulado. Sin embargo, el que el INE quiera crear un fuero especial para la clase política, es inconstitucional.
El bullying entre mexicanos es serio. Tanto la violencia verbal como la física tienen altos costos sociales, razón por la cual en casi todo el mundo, a partir del siglo XIX, se prohibieron prácticas como los duelos y se regularon las ofensas. Con el tiempo, la justicia penal, abrumada por asuntos más graves y apremiantes, no se entretiene con los insultos. Puedo entender que alguien que recibe calumnias se sienta indefenso en estos tiempos. Pero, quien debe conocer de estos hechos es la justicia del fuero común, no el INE.
Los insultos contra Hernández podrían considerarse violencia política, no necesariamente con motivos de género. Si el motivo es forzar una renuncia, es posible que esto encaje en el tipo penal de la Ciudad de México. El economista José Torra, emplazado por el INE para borrar sus comentarios en X, afirma que el mensaje sancionado es uno en donde le indicó a la senadora que la obesidad tiene riesgos a la salud. Es muy posible que la inclusión de Torra en el oficio del INE, en el número 60 de 61 cuentas de X, sea por cercanía profesional con Salinas Pliego.
Todo este pleito tiene un trasfondo. Según la cuenta de X del dueño de Grupo Salinas, el grupo político de la senadora Hernández, que incluye a la tesorera de la Federación, María Elvira Concheiro, ha operado para que no se autorice a Banco Azteca para que sus clientes paguen impuestos a través de sus plataformas.
En el caso de Chávez y Dresser, la comentarista aludía a asuntos que ya otros habían publicado. Recuerdo haber visto la mesa y según yo, no hubo insultos. Si a la señora Chávez se le imputan hechos falsos, debería aclararlo, y diversos periodistas y medios deberían ofrecer disculpas, no solamente Dresser.
Que el INE quiera controlar lo que dicen ciudadanos, no políticos, es motivo de preocupación. Indica que ya no vivimos en un régimen de libertades. También lo es el excesivo control que las autoridades federales tienen sobre negocios como la banca. Los clientes de Banco Azteca tienen derecho a pagar impuestos, y esa empresa tiene derecho a ofrecerles ese servicio. El Estado tendría que estar resolviendo esto por vías institucionales.
Normalmente, los excesos verbales contra otros tienen raíz en diferencias de opinión, pero si escalan, implican poca inteligencia, o intereses de por medio. Salinas Pliego lo sabe, y todo indica que no le importa. Dresser afirma que impugnará las medidas del INE. Creo que todos deberíamos estar agradecidos con quien proceda contra el INE por este ataque a las libertades.
Las señoras Chávez y Hernández, funcionarias y militantes de Morena, para ser elefantes de la política, tienen la piel muy delgada.
El autor es profesor de economía en el Tecnológico de Monterrey y consultor independiente.