El gobierno del estado de Quintana Roo dictaminará en estos días una iniciativa de ley para imponer un impuesto de 2 por ciento a las plataformas de reparto de víveres, como Uber Eats y Rappi. El diputado local José María Chacón, famosamente declaró en días pasados que “es la plataforma la que va a pagar el 2 por ciento, no el consumidor”. Curiosa visión tiene el diputado sobre los efectos de los impuestos en la oferta y en la demanda. No está solo; muchos legisladores, abogados y gente de las humanidades tiende a confundirse con los efectos de un impuesto. Si la demanda por este tipo de servicios es inelástica a precios (verbi gratia, responde poco a cambios en los precios), la incidencia total de este impuesto cae en el consumidor, si la microeconomía más básica sigue vigente.
Este no es un impuesto para los turistas, quienes generalmente van a comer a un restaurante. Este es un impuesto para los locales, especialmente los que están trabajando y no pueden ir a comer a su casa en Cancún y la Ribera Maya. Tienen que pedir envíos de comida, y van a pagar más, seguro.
La iniciativa no solamente es un gravamen. También busca que los repartidores tengan que solicitar un permiso de trabajo una vez por año, y prevé su afiliación a un sindicato. Pareciera que la gobernadora Mara Lezama quisiera que en el futuro cercano, haya grupos políticos poderosos alrededor de sindicatos y gremios, como ocurre con los taxistas en esa región del país.
El corporativismo, México lo copió de los fascistas italianos y la alemania Nazi, por la admiración del general y presidente Lázaro Cárdenas por esas formas de organización social. Es un obstáculo grande para que México sea una economía de servicios, como pareciera ser la ventaja comparativa de algunos estados, como Quintana Roo. En el sureste difícilmente existen las disciplinas y el tipo de formación que requieren industrias como la manufactura. La fiesta se nos da más en esa zona del país, y esto no tiene nada de malo: por eso Cancún es un éxito. Sin embargo, es importante que el turismo no se convierta en una economía de extorsión, como ha ocurrido en lugares turísticos que eran icónicos hace 80 años, como Acapulco.
Si el gobierno es el que extorsiona, no es muy distinto a otras mafias, y se convierte en un habilitador para que grupos corporativos se vuelvan extorsionadores también.
Estas cosas dañan a la economía local. Si una persona joven quintanarroense, con espíritu emprendedor, aprende buen inglés, buenos rudimentos de guía turística, y sabe manejar un coche, hoy no es obvio que esa persona pueda trabajar como taxista en la zona turística. Sí pueden hacerlo, sin ningún problema, los que han accedido por el escalafón y la influencia sindical, y pueden mostrar músculo ante quien sea necesario, incluso si ello implica golpear a algunos turistas. ¿Será igual ahora para repartidores?
Las noticias del paraíso quintanarroense sobre extorsión son cada vez peores. En su espacio noticioso de El Heraldo Radio, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez reportaron recientemente que policías locales habrían extorsionado a algunos turistas extranjeros que estaban fumando en la calle, con base en los ordenamientos nuevos de prohibición de consumo de tabaco a nivel federal.
Es muy importante que los gobiernos en México no hagan leyes “varguitas”, en alusión al personaje de Damián Alcázar en la película La ley de Herodes. La ley no puede ser un elemento para extorsionar a ciudadanos y visitantes. La sospecha que los ciudadanos tenemos siempre, ante este tipo de actitudes de la autoridad, es que los agentes políticos al más alto nivel son los responsables.
El autor de esta columna no ha ido a Cancún mucho. Sobre todo a trabajar dando conferencias. Qué crueldad, hablar de temas económicos áridos en un paisaje tan fértil y proclive a estimular la imaginación. Vacacionar ahí está fuera del alcance de la mayoría de los mexicanos; y ese es un producto secundario del éxito del lugar. Yo creo que los turistas nacionales nos podemos aguantar las ganas de ir, con tal de que estadounidenses, canadienses, europeos y otros residentes de países de alto poder adquisitivo pasen vacaciones ahí. Todos conocemos historias de mexicanos que han emigrado a Cancún y han logrado un mejor nivel de vida que en su lugar de origen.
A Mara Lezama le tiene que llegar este memorándum: hay mejores maneras de construir gobiernos profesionales, gobernadora. Construir redes de extorsión corporativa, como el general Cárdenas, no es la mejor forma. Someter a su Congreso a su voluntad tampoco es adecuado para la democracia. No lo haga, por favor.