Ayer que comentamos el nuevo libro de Santiago Levy, vimos que él identifica tres estructuras que obstaculizan el crecimiento de la productividad: laboral, fiscal y legal. Por cuestiones de espacio, no abundé mucho en ellas. No es fácil mostrar toda la información y análisis del libro de Levy (300 páginas) en unas cuantas palabras, pero hay un tema que sí quisiera extender un poco, porque es muy importante para lo que viene.
El mercado laboral mexicano se construyó sobre la combinación de buenas intenciones y control político. Recuerde usted que el artículo 123 de la Constitución de 1917 tiene ese número porque se incorporó hasta el final de las discusiones. En la Constitución anterior, la de 1857, le correspondía el número 5, pero en el Congreso Constituyente, después de haber dedicado tres sesiones al artículo tercero, ya no quisieron volverse a atorar y enviaron la redacción de dicho texto a un comité, que entregó sus resultados faltando pocos días para que terminara el plazo del Constituyente. De hecho, prácticamente ni se leyó el texto en el Pleno. El artículo 123 recoge en esencia lo que la Ley laboral de 1915, expedida en Veracruz, había incluido. Es un catálogo de buenas intenciones en un país en el que muy pocas personas tenían un empleo, ni había empresas para ello.
De hecho, la ley reglamentaria del artículo se publica hasta 1931, porque nadie tenía mucha prisa. No era un tema de las mayorías, ni había cómo hacer cumplir buena parte de sus prescripciones. Por otra parte, aunque hubo organización obrera en México desde fines del siglo XIX, los sindicatos propiamente hablando aparecieron al mismo tiempo que la Revolución. Los Congresos Obreros dieron como resultado algo de organización, que culminaba en la Confederación Regional Obrera Mexicana, dirigida por Luis N. Morones, que llegó a ser secretario de Trabajo, Industria y Comercio con Plutarco Elías Calles, e intentó enfrentarse a Obregón rumbo a la elección de 1928. De ahí vino su declive.
En los años treinta, entonces, sin Morones controlando al movimiento obrero, y con una ley fresquecita, hubo grandes movilizaciones obreras que incluso le sirvieron a Cárdenas para deshacerse de Calles. Y con base en esa efervescencia, se creó el movimiento obrero corporativo, uno de los pilares del régimen autoritario del siglo XX en México.
Perdone toda esta introducción, pero creo que es muy importante para entender por qué las leyes laborales en México no sirven para beneficio de las mayorías. Su objetivo, desde el principio, fue favorecer el control corporativo, de manera que se convirtió a los trabajadores (sindicalizados) en un grupo privilegiado. Al hacerlo, se condenó a una situación desfavorecida a todos aquellos que no se habían integrado. Habrá quien crea que ser sindicalizado no representa ninguna ventaja, pero es porque compara con personas que están en otros niveles diferentes, como empresarios, directivos o funcionarios. Si comparamos con el mismo grupo, no hay duda de que estar sindicalizado, durante el siglo XX, permitía una posición privilegiada frente a los demás.
Tal vez lo más importante sea el costo de despedir a una persona. Si alguien no hace bien su trabajo, no se presenta a tiempo, o no lo hace en condiciones razonables, despedirlo implica un costo elevado: tres meses de salario más 20 días por año. Y en buena parte de los sindicatos ni siquiera se puede despedir: se puede solicitar al sindicato que lo reemplace por otra persona, pero habrá que seguirle pagando en otro puesto equivalente.
Si despedir a una persona tiene un costo tan elevado, entonces la mejor decisión es nunca contratarlo. A ochenta años de esa construcción política-social tenemos una economía informal inmensa. Pero le seguimos mañana.