Por la hora de cierre de edición, tengo que escribir esta colaboración antes del debate, de forma que creo conveniente ofrecerle un contexto para entender las cinco semanas que nos faltan antes de la elección.
La democracia (liberal, la que conocemos) es un sistema político que tiene dos grandes virtudes. La primera es que permite la sucesión sin violencia. El momento de sucesión es el más peligroso en todo tipo de regímenes. Para reducir en algo ese riesgo fue que se utilizaron las dinastías, y aun así no era infrecuente la violencia a la muerte del rey. En democracia, quienes compiten lo hacen en el entendido de que se debe aceptar el resultado. Es por eso que cuando uno de los participantes se niega a hacerlo, la democracia entra en serias dificultades. Sea López Obrador, Trump o Bolsonaro, el mal perdedor es un riesgo para la democracia, o más claramente, es un promotor de la violencia.
La segunda gran virtud de la democracia es que permite la discusión pública, con lo que las diferencias naturales entre personas y grupos pueden procesarse, facilitando negociaciones y acuerdos, y evitando un conflicto abierto. En un sistema autoritario, las presiones se acumulan hasta que estallan. A veces el Estado es suficientemente fuerte para acallarlas, pero lo hace a costa de violencia “legítima”.
Estas dos grandes virtudes son las que están en riesgo en México. No creo que deba extenderme acerca de la primera, es conocida la incapacidad de López Obrador de aceptar resultados que no le favorecen, y ahora también ya todos se han dado cuenta de que ni siquiera acepta opiniones que no le gustan. Y esto es lo que pone en riesgo la segunda virtud. En este momento, no tenemos un espacio de discusión pública en México, porque el gobierno se niega a ello. Aunque decenas de opinadores hayan mostrado su oposición a la reforma de Afores, aunque centenares de legisladores hayan votado en contra, aunque miles reclamen en redes sociales, el gobierno no oye y, por lo tanto, no responde. No hay discusión.
El ejemplo de Afores es arbitrario, lo mismo ocurre con el amparo o la amnistía, que son las últimas tres agresiones a la Constitución. Y lo mismo pasó antes con la reforma electoral, la eléctrica o la Guardia Nacional. Si fueron descartadas no fue por un gobierno que escuchara, sino por un Poder Judicial que hizo su trabajo, y por millones que lo respaldaron.
Además del uso de recursos públicos a favor de la candidata oficial (siervos de la nación, cobertura mediática, despliegue, etcétera), además de la intervención directa del Presidente a favor de ella, además del debilitamiento de los árbitros de la contienda, que son todas amenazas contra la democracia, lo que enfrentamos es más profundo. López Obrador ha anulado, ya, las dos grandes virtudes democráticas. No quiere argumentar y no aceptará perder.
Pero, como veíamos, esas virtudes de la democracia lo son porque evitan la violencia. Si no hay aceptación de las reglas de la contienda, si no se acepta el resultado de las urnas, el espacio para la violencia crece. Si no hay forma de discutir públicamente los problemas, que serán enormes a partir del 3 de junio, crece el espacio para la violencia. Decidir qué hacer con Pemex, cómo financiar razonablemente al gobierno, qué tipo de programas sociales realmente ayudan, cómo reconstruir el sistema de salud, cuál es la educación pertinente en este momento, son temas en los que hay diferencias importantes entre grupos y personas. Más importante todavía: qué hacer con el crimen organizado y cómo recuperar el territorio. Qué le toca a las Fuerzas Armadas.
Sin un espacio de discusión pública, sin gobernantes legitimados democráticamente, lo que queda es la violencia. Marcha el 19 de mayo, elección el 2 de junio. Última llamada.