El tema de los diez de Sinaloa se ha complicado mucho. Por un lado, se dice que, en su origen, hubo una intervención del FBI en México sin avisar al gobierno federal. Se trata de la extracción de El Mayo Zambada, en esa reunión en la que murió Héctor Melesio Cuén, supuestamente citada por Rubén Rocha Moya. Ahora nos enteramos de que el avión en el que ocurrió esa extracción se encuentra como pieza de museo, asentando que se trata del utilizado por el FBI en ese evento.
Por otro lado, parece ser que el piloto del avión estuvo detenido en México, después de la extracción, pero fue entregado a Estados Unidos, donde ahora es testigo cooperante. Finalmente, dicen que no hay pruebas contra Rocha Moya, pero se reserva la investigación durante cinco años.
Toda esta información es insegura, aunque pueda sonar razonable. Como sabemos, incluso lo que dice la presidencia rara vez es cierto, así que sus subordinados son aún menos creíbles. Las acusaciones que vienen de Estados Unidos, resultado de dichos de testigos protegidos, siempre deben tomarse con precaución, algo que olvidó el gobierno mexicano cuando creyó que iban a su favor.
Lo que no puede ignorarse es que el cambio de orientación del gobierno estadounidense con respecto al crimen organizado, ahora entendido como un tema de seguridad nacional, y la cercanía de López Obrador con los grupos criminales se encaminan a un enfrentamiento. Ya el Departamento del Tesoro, en su investigación acerca del contrabando de combustible, dice claramente que parte de los recursos obtenidos mediante ese delito ha sido usada para financiar elecciones. Tanto los partidos que recibieron esos fondos como sus candidatos son ahora “personas de interés” que tienen relación con organizaciones terroristas extranjeras, como las llaman en Estados Unidos.
El contrabando de combustible, malamente llamado “huachicol fiscal”, tuvo un costo del orden de 200 mil millones de pesos por año desde 2022. No creo que exista algún otro robo de esa magnitud. No ha sido la única fuente de recursos para elecciones, porque sabemos que en 2021 hubo intervención directa de los grupos criminales a favor de Morena. Si a eso sumamos el uso de recursos públicos para la elección de 2024, es ridículo que sigan hablando de un supuesto fraude en 2006, cuando ahora es posible documentar la violación a las reglas democráticas durante los últimos cinco años. No solo han sido más corruptos que cualquier gobierno previo, sino que han violado la democracia como nadie lo había hecho.
Pero ahora se complica todo. Por un lado, ya no hay recursos públicos suficientes como para alterar la voluntad popular en 2027. Por otro, el apoyo de los grupos criminales será más difícil, frente a la presión estadounidense. Finalmente, lo que sirvió para construir Morena, la ambición por el poder, ya ha sido saciada, y ahora tiene que repartirse entre grupos. Pero eso no es posible, porque esa ambición se acompañó de la destrucción de equilibrios y contrapesos. Los distintos grupos que fingen ser un movimiento único no tienen ahora limitación para hacerse de la parte del pastel que consideran suya.
Perdón por la insistencia, pero son las características del movimiento que tanto hemos mencionado: excluyente, indisciplinado, voraz e incompetente, lo que lo ha puesto frente a un dilema insoluble. Rupturas, escasez de recursos y detenciones apuntan al derrumbe. Eso no se va a resolver con mañaneras, ni con ocultamiento de información. Es más, eso no se va a resolver.
Vuelvo a proponer que empecemos a pensar seriamente en cómo administrar ese derrumbe. Sin duda, parte de la solución pasa por una oposición competitiva en 2027, pero no alcanzará con eso. Habrá que negociar el cierre del periodo. Vienen meses complicados.