Este fin de semana se llevó a cabo la segunda sesión del Consejo Nacional de Somos México, organización que está solicitando su registro como partido político al INE. Como ya comentamos, cuando ocurrió la primera sesión, Somos México logró llevar a cabo 240 asambleas distritales con al menos 300 ciudadanos afiliados en cada una de ellas. Esto supera ampliamente el requisito que marca la ley (200).
Sin embargo, se ha intentado reducir esa cifra de manera ilegal. La ley permite que una persona pueda afiliarse a cuanto partido político desee, pero sólo la última afiliación cuenta. En consecuencia, si un ciudadano se registra en Somos México, pero después lo hace en Morena, se considera nada más esta última afiliación. Morena ha estado afiliando a millones de personas, pero no mediante la plataforma electrónica del INE, sino con una propia. De esta forma, con tener los datos de la credencial para votar puede registrar a una persona, sin su conocimiento ni aprobación.
Si esto ya es un problema, el INE está además considerando que ciudadanos que participaron en las asambleas mencionadas, si son registrados después por otro partido, ya no pueden ser contabilizados en eventos que ocurrieron hace meses. Es decir, una asamblea ya no es un hecho jurídico, sino un proceso siempre abierto. Por esa razón, en la instalación de Somos México, nada más contabilizaron 205 asambleas, de las 240 realizadas con éxito.
Por otra parte, la ley exige un número de afiliados que supere el 0.26% del padrón electoral, un poco menos de 260 mil personas. Somos México logró afiliar, hasta el último día de febrero, que fue el cierre del proceso, a casi 350 mil. No puede afiliar más hasta que se decida el registro, pero puede sufrir una caída provocada con el mecanismo que comentamos.
Son dos formas en las que, desde el poder, se intenta impedir la construcción de nuevas fuerzas políticas, porque se han aplicado a los cuatro partidos que están solicitando registro. Unos incomodan más que otros, y reciben más presión.
La ley en México es muy restrictiva para la formación de nuevos partidos. Cumplir con los requisitos mencionados ha sido un esfuerzo extraordinario. Aun así, la decisión de registrar al partido queda en manos de las autoridades electorales. Pueden, porque sí, negar el registro, haciendo uso de mecanismos como los mencionados o inventando fallos en el proceso. No sería extraño, si se está intentando modificar las leyes para afectar incluso a los partidos ya registrados.
En las evaluaciones internacionales México es considerado ya un sistema autoritario. Con esas modificaciones legales, o con el bloqueo a organizaciones que han cumplido requisitos para convertirse en partidos políticos, continuaríamos por ese camino rumbo a la cerrazón total. Quienes promueven esto difícilmente representan más allá del 40% de los mexicanos, pero están intentando imponer su voluntad al 60% restante.
La democracia es el único sistema que permite resolver pacíficamente las diferencias entre grupos. Cuando esta se bloquea, la respuesta social puede estallar. Es justo lo que México vivió en la década de los 80 y los primeros años de los 90: elecciones que terminaban en conflictos. Aunque se podían administrar, gracias a lo que quedaba del régimen de la Revolución, el costo creció tanto que se hizo necesario liberar el sistema político, mediante la reforma de 1996 que nos permitió, por primera vez, tener un sistema democrático. En la evaluación internacional que mencionaba (V-Dem), nos califican al nivel que teníamos antes de esa reforma. Nos amenaza entonces el regreso a esa década de enfrentamientos.
El Estado es hoy más débil que entonces. Las amenazas que enfrentamos son mayores. Lo peor que puede hacerse es cerrar el espacio a la oposición e inconformidad naturales en una sociedad. La presión buscará otros caminos. Sean sensatos.