Hace poco menos de ocho años nos enteramos de una masacre ocurrida en la ciudad de Iguala. Un grupo de normalistas de Ayotzinapa, dedicado a recaudar fondos para viajar a la ciudad de México el 2 de octubre, había sido detenido en esa ciudad por policías de ese y otros municipios, y había desaparecido. El gobierno del estado de Guerrero no hizo nada, y la responsabilidad recayó en el gobierno federal, que tardó un mes en empezar a actuar. Con el tiempo, supimos que 43 jóvenes habían sido asesinados, probablemente incinerados, por un cártel local, Guerreros Unidos, que enfrentaba a otro, Los Rojos (recomiendo mucho leer a Juan Pablo Becerra Acosta, ‘¿Ya van a dejar en paz a los padres de Ayotzinapa?’, El Universal, 20 de agosto).
La masacre fue tomada por políticos, ayudados por expertos en propaganda, para convertirla en un instrumento de la toma del poder. López Obrador, Epigmenio Ibarra y todos los que los acompañaban, convirtieron a los 43, a Ayotzinapa, en un escalón más de su ascenso. Ahora, ocho años después, el tema ya les estorba, y quieren cerrarlo antes del octavo aniversario. Más cuando López Obrador está construyendo todo su final de sexenio alrededor del 16 de septiembre: no puede arriesgarse a un derrumbe apenas 10 días después.
Por eso la intempestiva aparición de Encinas, la detención de Murillo, decenas de órdenes de aprehensión a las carreras, e incluso la salida de Rosario Robles del reclusorio en el que estuvo ilegalmente detenida por tres años. Una vez más, somos testigos de la incapacidad estratégica de López Obrador, oculta tras el espectáculo.
La matanza de Iguala fue resultado de varios elementos que no queremos ver, pero son de la mayor importancia. Primero, normales rurales controladas por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que alimentan una guerrilla rural prácticamente inexistente, pero que al mismo tiempo se han convertido en resguardos para el crimen local, especialmente el narcotráfico. Segundo, gobiernos municipales que no son sino feudos criminales, muchos de ellos también asociados al narcotráfico. Tercero, gobiernos estatales omisos, ausentes, cuya función principal parece ser enriquecer a quien ocupe los puestos. Y encima de todo ello, el gobierno federal como botín de oportunistas.
No parece existir ninguna información novedosa en lo presentado por este gobierno, que ahora acepta lo que negó por ocho años para cosechar políticamente: los normalistas habían sido asesinados desde el 26 de septiembre de 2014. Tampoco parece posible saber con certeza los detalles de la masacre, los autores materiales e intelectuales, y por lo tanto asignar claramente culpas, responsabilidades y condenas. La insistencia en que “fue el Estado”, que usaron quienes hoy ocupan el gobierno para su beneficio, sólo tiene sentido cuando aceptamos lo que le digo en el párrafo previo: éste es un Estado fallido.
México es un Estado fallido en tanto que su sistema educativo es utilizado para adoctrinar, y en el extremo, fabricar grupos subversivos organizados con presupuesto público. Es un Estado fallido porque abundan los gobiernos municipales en manos de los criminales. Es un Estado fallido porque múltiples gobernadores están dedicados, en cuerpo y alma, a saquear el erario y abdicar de sus obligaciones. Es un Estado fallido porque el gobierno federal está en manos de oportunistas, propagandistas y, por encima de todo, enemigos de la democracia.
Esos son los establos de Augías que deben limpiarse, ésa es la Hidra que hay que destruir. Es a lo que me refería hace pocos días. Esos son los monumentales trabajos que tiene enfrente la sociedad, si quiere que México sobreviva. No es nada más reemplazar al inepto de Palacio, algo necesario pero insuficiente.
La realidad es horripilante, pero sin verla a los ojos, será imposible cambiarla.