Este miércoles, Alejandro Hope publicó un excelente diagnóstico de la situación de seguridad en México en su espacio de El Universal. Concluye que tenemos un problema grave de recursos dedicados al tema (1.5 por ciento del PIB, frente a casi 4 por ciento en los países de la OCDE), pero sobre todo un problema político: no hay la intención de resolver el asunto. Ese mismo día, en Milenio, Guillermo Valdés ofreció un panorama histórico de la manera en que se deterioró la situación de seguridad a partir de la ruptura del viejo arreglo en el que el gobierno dejaba espacios al crimen, pero bajo su control en última instancia. Hoy, en muchas partes, es exactamente al revés.
La ruptura ocurre con el asesinato del Kiki Camarena, en 1985, al que siguió la transformación del Cártel de Guadalajara en cuatro grupos en el Pacífico, muy pronto subordinados a una sola persona (Amado Carrillo). Ese periodo termina con la muerte de Carrillo, y de manera simultánea, del viejo régimen político, en 1997. A partir de entonces, el crimen se mueve más rápido que el gobierno, y con mucha mejor idea. El intento de recuperación del espacio público impulsado por Calderón (que descabezó a todos los grupos mencionados) se vino abajo durante el sexenio de Peña Nieto, cuando la seguridad perdió prioridad frente a la sucesión. En esta administración, las cosas han empeorado al nivel de tener tres o cuatro elecciones de gobernador con sospecha de intervención directa del crimen organizado.
Sin embargo, regresando al tema de los recursos, la situación no es mejor. El gobierno mexicano tiene problemas muy serios con sus finanzas. La incapacidad de cubrir los gastos con ingresos estables (impuestos) lleva más de 50 años, no es nada nuevo, pero no se ha podido resolver. Por el contrario, se han incrementado las presiones de gasto mientras se erosiona la capacidad de recaudación. Al respecto, en esta semana apareció un muy valioso estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, analizando las posibilidades que se tienen para mejorar los ingresos de gobierno (https://ingresosenmexico.ciep.mx/). Son excelentes sugerencias, que tendrán el mismo problema que el tema de seguridad: la política.
Con ingresos tan limitados como tiene el gobierno mexicano, es imposible cubrir todo lo que debería hacer. En consecuencia, se gasta menos de lo necesario, y las fallas se van acumulando. Aunque este proceso lleva cinco décadas, en la actual administración se ha agravado seriamente, por la ignorancia de quienes la encabezan. Manejar un presupuesto de 6 billones de pesos no es para principiantes que además pecan de soberbia. El resultado es que hoy los más pobres reciben menos recursos que antes, no hay medicinas disponibles, perdemos categoría en la aviación civil, y lo que venía mal, empeora, como es el caso de seguridad, pero no únicamente.
La pérdida de capacidades del Estado es algo que debería preocuparnos mucho. Es imposible que una sociedad moderna, con 125 millones de personas, pueda funcionar sin un Estado medianamente capaz. Aunque está de moda quejarse de los últimos sexenios, es muy evidente su superioridad en comparación con el actual. En el rubro que sea.
Cada uno de nosotros continúa operando siguiendo la inercia. Pero los obstáculos se acumulan: cuando se enferma uno, cuando se va la luz, cuando las escuelas no pueden abrir (en parte por la pandemia, en parte porque fueron saqueadas en este año pasado), cuando los trámites se posponen, cuando hay que cambiar rutinas para evadir al crimen. Insisto, muchas dinámicas llevan años, si no décadas, pero la velocidad del deterioro en estos últimos tres años es muy preocupante.
Ojalá aguantemos tres años más, pero cada día se ve más difícil.
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