¿Para un gobernante es mejor ser amado o ser temido? La vieja pregunta no ha perdido vigencia, pero ha cambiado de lenguaje y de “modus operandi”.
En las democracias se presenta como la tensión entre cohesión y coerción, entre la capacidad de un liderazgo para suscitar adhesión voluntaria y la necesidad del Estado de imponer disciplina, límites y consecuencias. Gobernar consiste tanto en ganar respaldo como en administrar resistencias.
La intuición clásica de Nicolás Maquiavelo es menos cínica de lo que suele creerse. Su idea central es que el amor político es más inestable a la hora de generar obediencia que el temor.
El punto decisivo no es producir miedo, sino evitar el odio, el cual termina por romper la obediencia que pretendía asegurar.
En la actualidad, un gobierno puede y debe inspirar respeto, incluso temor racional a la ley, pero si ese temor se vuelve arbitrariedad, humillación o persecución, deja de ser un recurso de gobernabilidad y se convierte en combustible de deslegitimación.
En democracia, el temor legítimo no es miedo al capricho del gobernante, sino certidumbre sobre la existencia de reglas, principios y costumbres puestas en común.
El Estado puede ordenar la vida colectiva si conserva autoridad suficiente para hacer cumplir la ley y si mantiene el monopolio de la fuerza dentro de cauces aceptados y previsibles (Max Weber). Pero esa coerción solo se sostiene si proviene de la legitimidad. Si el ciudadano deja de creer, la fuerza puede imponer silencio, pero no lealtad.
Por eso la contraparte del temor no es solo la popularidad del gobernante, sino la cohesión social. Una sociedad cohesionada no es aquella que piensa igual, sino en la que existe un mínimo de confianza en su gobierno, en la distribución de cargas y beneficios, y en la posibilidad de compartir un futuro. Cuando ese piso se erosiona por desigualdad, polarización o impunidad, le cuesta más al gobernante obtener consentimiento.
El fenómeno se ve con claridad si distinguimos tres planos del miedo político. El primero es el de los integrantes de la coalición gobernante. Ahí el miedo tiene grados. Puede ser el temor a una reprimenda, a ser desplazado del círculo de confianza, a no ser considerado para el siguiente encargo.
También puede convertirse en disciplina interna: nadie se mueve, contradice o desafía demasiado. Pero cuando sustituye la deliberación por la obediencia, la cohesión interna deja de ser convicción y se vuelve alineamiento. Entonces la unidad es aparente y puede cegar al dirigente.
En el segundo plano están los opositores, los críticos y, en general, quienes disputan el rumbo del gobierno. Su temor es de otra naturaleza.
El de una aplicación estricta e inflexible de la ley, lo cual no tendría por qué ser ilegítimo. Pero también puede deslizarse hacia el miedo a la selectividad, al uso ejemplarizante de expedientes administrativos, fiscales o judiciales, a la estigmatización pública.
El tercero es el del pueblo, donde amor, admiración, lealtad y miedo se combinan de un modo más complejo. El apoyo popular a un liderazgo puede nacer de la identificación simbólica, de la gratitud por políticas redistributivas, de la esperanza de ascenso, de la sensación de que alguien por fin nombra agravios antiguos o de la simple necesidad de protección en tiempos inciertos.
El pueblo no “ama” solo a una persona, ama la promesa de dignidad que esa persona encarna. Pero también ahí opera el temor: al desorden, al regreso de un pasado rechazado, a la pérdida de apoyos, a que se frustre una transformación que se vive como propia. En política, una parte importante del amor es esperanza; una parte importante del miedo es pérdida anticipada.
Esto se vuelve visible cuando un gobierno emprende reformas que afectan intereses consolidados. Las élites perjudicadas suelen resistir con energía porque saben que pueden perder privilegios, rentas, influencia, capacidad de veto. Los potenciales beneficiarios, en cambio, suelen respaldar de manera tímida, porque todavía dudan lo que esperan ganar.
Esa asimetría es una constante de la política reformista. Los perdedores seguros pelean más duro que los ganadores posibles. De ahí que un liderazgo con amplio respaldo popular no necesite pactar su legitimidad con los factores reales de poder, pero sí requiere administrar su capacidad de resistencia para impedir que bloqueen el cambio.
Al poder duradero no le basta controlar el aparato del Estado; debe convertir su idea de país en dirección moral e intelectual. Su discurso y sus votos, su mayoría legislativa y su popularidad en hegemonía cultural para consolidar sus reformas (Gramsci).
El poder, para ser eficaz, debe convencer a los otros y disciplinar a los propios; neutralizar resistencias y producir una adhesión más profunda que la mera conveniencia, la que viene de la justicia, la inclusión y un horizonte compartido.
Lectura sugerida: Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el Estado moderno de Antonio Gramsci (Comares).
Gracias, LGCH.