En un capítulo anterior de la serie Trump 2.0, advertimos posibles escenarios que podrían llevar a una “sorpresa” en octubre, si el presidente Donald Trump optara por acciones unilaterales de intervención en nuestro país. Ahora volteamos al interior de EU para pensar las posibilidades que tiene el mandatario de enturbiar la propia elección estadounidense ante los riesgos de perderla y de sufrir un impeachment por parte de los demócratas.
La guerra con Irán, a más de un mes de iniciada, ha abierto tres frentes de erosión a su popularidad: el alza en gasolina y gas, el encarecimiento de fertilizantes y la presión inflacionaria sobre los alimentos; el incumplimiento de su promesa de no meter a Estados Unidos en nuevas guerras ni financiar conflictos; y la prolongación de una aventura militar que ya suma bajas y pérdidas materiales, sin la victoria rápida que la propaganda habría necesitado.
La economía castiga la popularidad presidencial y una guerra larga puede desplomarla. Ese deterioro amenaza a Trump y al Partido Republicano, que se juegan en noviembre el control del Congreso. El riesgo de perder una o ambas cámaras es alto y, cuando el poder percibe una derrota, empieza a mirar cómo torcer las condiciones de la competencia.
Conviene despejar una confusión útil para el trumpismo. El presidente de EU no tiene facultades legales para suspender o posponer por sí mismo una elección federal. La Constitución, la ley y la duración fija de los mandatos del Congreso no le dejan esa puerta abierta.
Ni la emergencia nacional ni la Ley de Insurrección le entregan esa palanca. Estados Unidos ha celebrado elecciones en guerra, en crisis y en medio de conmociones mucho peores. La cancelación lisa y llana no parece el escenario a menos que se dé un muy poco probable paso hacia un estado de excepción.
El problema es otro. Si no puede evitar la elección, puede intentar administrarle trampas.
La primera no está en las urnas, sino en los padrones. En la retórica trumpista, el fraude siempre aparece como una multitud de impostores votando varias veces. En la realidad moderna, el riesgo más serio es mucho menos cinematográfico y bastante más eficaz: depuraciones de último minuto, cruces defectuosos de bases de datos, cuestionamientos masivos a la ciudadanía de votantes legítimos y exclusiones administrativas disfrazadas de “limpieza” del registro.
No hace falta impedir que la gente quiera votar; basta con sembrar obstáculos para que llegue a la casilla y descubra que su nombre ya no está, que su estatus fue impugnado o que su sufragio irá a una boleta provisional más fácil de litigar después.
La segunda trampa está en la atmósfera informativa. La inteligencia artificial le ha dado a la desinformación una precisión inédita. Ya no se trata solo de videos falsos circulando en redes. Se trata de audios clonados para confundir a funcionarios electorales, mensajes segmentados para decirles a ciertos barrios que su centro de votación cambió, campañas diseñadas para intimidar a comunidades migrantes con rumores de vigilancia policial o de ICE, mentiras hechas a la medida de grupos vulnerables.
La trampa tecnológica no necesita convencer a todo el país; le basta con desorientar a los votantes correctos en los lugares correctos.
La tercera pasa por la infraestructura y la certificación. Si los sistemas de consulta de registro fallan el día de la elección, si los condados pequeños llegan debilitados por falta de apoyo técnico y ciberseguridad, si se multiplican las boletas provisionales y se ralentiza el conteo, el caos mismo se vuelve una herramienta política.
Y si después vienen las impugnaciones, el hostigamiento a funcionarios locales y la negativa a certificar resultados, la elección entra en una zona gris donde la legalidad se vuelve rehén de la sospecha.
Trump ya mostró ese libreto en 2020. Cuando perdió contra Joe Biden, no aceptó el resultado: intentó desconocerlo, presionó a autoridades, sembró la mentira del fraude y convirtió un procedimiento administrativo en una crisis política. Ese antecedente importa más que cualquier promesa de respeto institucional que hoy pueda pronunciar. Trump ya dejó claro que, si los números no lo favorecen, su primera reacción no es corregir el rumbo, sino desacreditar al árbitro.
En 2026, la amenaza para la democracia estadounidense no parece ser la ausencia de urnas, sino la manipulación de todo lo que las rodea: los padrones, la información, la operación logística, la certificación y, sobre todo, la confianza pública. Trump no necesita intervenir en la elección en todo el país; le basta con hacerlo en distritos claves donde la batalla política está más reñida.
Las democracias no siempre mueren con un portazo. A veces se degradan por trámite, por expediente, por algoritmo y por miedo. Y en esa clase de erosión, Trump ya demostró que no es un improvisado.
Lectura sugerida: “Vote for America. Cómo entender las elecciones en Estados Unidos” de Cristina Crespo Palomares (Catarata).
Gracias, LGCH.