Más de un aspirante de Morena a la presidencia de la República desearía que no hubiese plan B de reforma electoral. No sólo se trata de una provocación a la oposición para que desde ahora cuestionen las condiciones del juego electoral de 2024, sino también una invitación a rechazar el resultado si pierden.
La reforma electoral es tardía, está redactada con resentimiento político y busca gestar una implosión política desde adentro del INE. Es una apuesta por la inestabilidad, el desorden y una elección conflictiva en 2024.
Si Morena tiene hoy más probabilidad de ganar la elección presidencial que el resto de los partidos, ¿en qué cabeza cabe dinamitar las condiciones de una elección que sea aceptable para las partes y que permita al nuevo gobierno iniciar en condiciones de estabilidad y diálogo?
La reforma electoral es una provocación de beneficio personal de López Obrador. No está pensando en las condiciones de gobernabilidad de la nueva administración. Menos aún en la forma en cómo su sucesor de Morena heredará el cargo en caso de ganar la presidencia. López Obrador busca confirmar su narrativa de que el INE es parte de la conspiración conservadora en contra de él, que data desde 2006.
En caso de que la reforma sea aprobada y entre en vigor, López Obrador habrá logrado dejar un sello en el sistema electoral y argüir ante sus feligreses de que por fin la democracia nace en México.
Si la reforma es revocada por las autoridades judiciales podrá argumentar que la lucha debe continuar para derribar los obstáculos conspiracionistas. En ambos casos gana su narrativa, gana su retórica y le permite mantener un pleito con la autoridad electoral.
Ese pleito le permitirá argumentar fraude en caso de que Morena pierda la presidencia y decir que ganaron, a pesar del INE, en caso de triunfar.
Sin embargo, las condiciones de conflicto político que ya se siembran hacia 2024 serán muy nocivas para su sucesor. Ya desde ahora, se está construyendo un conflicto innecesario. Desde ahora la oposición tiene la justificación para rechazar el resultado en caso de perder.
No sólo eso, el gobierno le está dando municiones a la oposición para cohesionarse. La marcha del 13 de noviembre pasado fue un éxito político que se repetirá este domingo 26 de febrero. Sin plan B, esas movilizaciones, que son un entrenamiento de la oposición hacia 2024, no existirían. López Obrador le da cemento a la oposición cuando más lo necesitan.
La Suprema Corte de Justicia (y otras autoridades judiciales) tienen el poder de contener los efectos tóxicos del plan B y de evitar una crisis política y acaso constitucional en 2024. El presidente, que es el jefe del Estado mexicano, no jugará el papel de garante de la seguridad de las instituciones nacionales. Ha optado por jugar como jefe de un bando político y para ello quiere polarizar y provocar a sus adversarios.
López Obrador quiere pleito en 2024 en lugar de una contienda dura pero democrática. Seguramente sus propias corcholatas estarán deseando que la Corte revoque el plan B.