Tres futbolistas le mandan saludos al secretario de Gobernación vía TikTok: todos dicen estar “muy augusto” con su amistad y le mandan sus mejores deseos.
Giovanni dos Santos es uno de los exseleccionados nacionales más reconocidos, Braulio Luna es un comentarista deportivo que jugó para los Pumas de la UNAM y Miguel Layún es un lateral muy reconocido del América. Juntos tienen 6.5 millones de seguidores en Instagram.
Se detona una reacción furibunda en contra de los futbolistas y del secretario de Gobernación: actos de apoyo preelectoral a Adán Augusto y uso político de la popularidad de los futbolistas para promoverlo.
El secretario dice que son injustos los ataques que recibieron los jugadores por haberle hecho un saludo “espontáneo” en redes y dice que es momento de trabajar por México, no de precampañas.
Los analistas discuten si estas manifestaciones violan la ley. No veo que haya una violación directa a la normatividad porque no estamos en proceso electoral, los mensajes no hacen referencia a campaña o partido alguno y por lo tanto es difícil construir un alegato jurídico para imponer una sanción.
Pero con razón muchos señalan el riesgo de no detener estas simulaciones y se recuerda el lamentable papel de varios influencers, quienes días antes de la elección federal de 2021, sacaron mensajes para promocionar al Partido Verde en plena veda electoral. Sin embargo, la reflexión de fondo es otra.
La democracia no sólo requiere reglas precisas para jugar, también autocontención de los participantes. No hay ley perfecta que contemple todas las modalidades de comportamientos sancionables. La ley electoral mexicana, por ejemplo, no contiene una sección que prohíba que los jugadores de futbol graben mensajes en TikTok dirigidos a saludar al secretario de Gobernación.
Por eso es tan importante la responsabilidad política y la prudencia, sobre todo cuando eres el funcionario responsable de mantener las condiciones de gobernabilidad en el país, el diálogo entre poderes públicos y la negociación con los partidos de oposición.
El problema de origen es López Obrador, quien hace año y medio abrió la competencia interna de Morena mediante un proceso “a la antigüita” para elegir a su candidat@ preferid@ y con ello puso a competir a los tres aspirantes, quienes deben cumplir con funciones de gobierno y a la vez subir posiciones en las encuestas.
¿Podrá o querrá el secretario de Gobernación tomar decisiones que le afecten políticamente? ¿Puede la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, enfrentar los problemas del Metro de la capital y darle soluciones de fondo, cuando a la vez quiere evadir su responsabilidad en los accidentes que han ocurrido? ¿Puede el secretario de Relaciones Exteriores llevar a cabo su función cuando quiere a la vez ser el candidato de Morena?
Por supuesto que en una democracia los actores políticos tienen derechos políticos. Lo que no se vale es que los ejerzan a costa de su función primigenia, que es la de cumplir sus responsabilidades como servidores públicos. Ese es el origen del problema y mientras tengan doble cachucha, su labor de gobierno será limitada y en su propio interés, no el de la sociedad.
La ley sin duda está mal calibrada. Restringe los actos anticipados de precampaña y con ello estimula que los aspirantes se queden en el gobierno. ¿Para qué te sales si afuera tampoco puedes hacer gran cosa porque no tienes dinero y tampoco puedes hablar abiertamente de tus aspiraciones?
Lo que la ley debiese obligar es a transparentar el origen de los recursos para esas campañas simuladas y dejar que cada quien diga lo que quiera, siempre y cuando no usen recursos públicos. ¿Cuánto cuestan las bardas de Claudia? ¿Cuánto los saludos de TikTok a Adán Augusto? ¿Cuánto valen los “marcelitos”? ¿De dónde sale todo ese dinero?
Pero mientras la ley sea vigente debe cumplirse, aunque esté mal diseñada.