Es prácticamente imposible que la propuesta de López Obrador que desmantela al Instituto Nacional Electoral (INE), que elimina el financiamiento público ordinario a los partidos políticos y que desaparece a los senadores y diputados de mayoría para que todos sean plurinominales, cuente con los votos para ser aprobada.
Aunque el apoyo del PRI al gobierno para prolongar la estancia de las Fuerzas Armadas en las calles del país hasta 2028 ha generado mucho desconcierto, no veo razón estratégica alguna para que los priistas voten a favor de una reforma electoral que los dañaría a ellos, así como a los demás partidos de oposición.
Si algún beneficio político tuvo la postura del PRI en la reforma del llamado “quinto transitorio” hace tres semanas, ésta —en contraste— no ofrece nada benéfico para algún actor fuera del gobierno. Es un balazo en el pie para los partidos de oposición, incluido el PRI, que buscan competir en condiciones mínimas de equidad electoral.
Asimismo, a diferencia de la otra reforma en la cual las Fuerzas Armadas presionaron al Congreso, en este caso no existe ningún actor relevante y respetable, fuera de López Obrador y Morena, que promueva los cambios electorales.
Muy por el contrario, muchas organizaciones de la sociedad civil, empresariales, académicas y la mayoría de los partidos están a favor de la defensa del INE, institución cuya credibilidad sigue siendo saludable (por cierto, superior a la del Congreso, los partidos y la propia presidencia de la República).
No obstante, es muy probable que Morena ponga a votación la iniciativa en la Cámara de Diputados en las próximas semanas. Su objetivo sería alebrestar a la oposición y provocarla (y en ese río revuelto buscar los votos para aprobar la reforma). Reitero: no veo posibilidad de que ello ocurra, pero el intento se hará.
Que la reforma electoral de López Obrador sea inviable no significa que los riesgos políticos en materia electoral sean bajos. Por el contrario, hay tres inminentes que se avecinan en los próximos meses.
Primero, el oficialismo redoblará los ataques en contra del INE. Dirá que está secuestrado por una mafia neoliberal que busca proteger sus privilegios mediante el fraude electoral en 2024. Que la reforma electoral busca reducir los privilegios económicos de los consejeros y ponerlos al servicio del “pueblo” para facilitar la transformación social.
Segundo riesgo, el recorte que Morena hará al presupuesto del Instituto para 2023, el cual ya contempla actividades rumbo a las elecciones de 2024. Un recorte significativo puede mermar la capacidad operativa del instituto.
Tercer riesgo, la elección de cuatro nuevos consejeros electorales en marzo de 2023: aunque exista un procedimiento establecido en la ley, Morena intentará forzar el nombramiento de algunos consejeros afines de corte militante que pudieran generar una implosión en el funcionamiento interno del Instituto Nacional Electoral.
Como se requiere una mayoría calificada, Morena requiere del voto de un segmento de la oposición. Cabe la posibilidad de que no se pongan de acuerdo y entonces se incumpla con el nombramiento. Quedaría un INE de siete integrantes con un presidente interino elegido por los mismos consejeros.
(En sentido estricto, no se emitiría la convocatoria, porque una vez que ésta se publica, si los partidos no se ponen de acuerdo hay un proceso de insaculación que lleva a cabo la Corte con la lista de los finalistas).
Si algo ha ocurrido en estos años es que el gobierno y Morena han bloqueado el nombramiento de comisionados de diversos órganos autónomos y por esa vía han debilitado su funcionamiento. Lo mismo podría ocurrir con el INE.